Defensoría del Pueblo: oficina en Ayacucho atendió 7295 casos en el 2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho reportó un total de 7295 atendidos en el 2020. Al hacer un balance de la gestión, se informó que el 21 % de los casos correspondió a quejas relacionadas a la vulneración de diversos derechos; el 9 % se trató de petitorios dirigidos a distintas instituciones y cerca del 69 % fueron consultas que requerían una orientación legal. De esta forma, pese a las medidas de aislamiento social y otras disposiciones originadas por la pandemia del COVID-19, la atención de casos se incrementó en un 17 % con respecto al año 2019.

En ese sentido, para garantizar las medidas de prevención frente al coronavirus, la institución informó a la población, a través de plataformas virtuales, sobre sus derechos, seguridad ciudadana, medidas de protección por denuncias sobre actos de corrupción, transparencia y buenas prácticas de integridad en la adquisición y distribución de la canasta básica familiar, derecho a la educación, protocolos sanitarios para el transporte público, derechos de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria, entre otras.

“Durante el año 2020, también se realizaron supervisiones a entidades públicas, priorizando las temáticas de salud, educación y violencia hacia la niñez, así como prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres, discapacidad, seguridad ciudadana y servicios públicos. El eje de nuestras intervenciones ha sido la verificación de la actuación de las instituciones estatales durante la emergencia sanitaria”, sostuvo el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

Cabe señalar que antes de la llegada del COVID-19 al Perú, se supervisó el buen inicio del año escolar, verificando el proceso de matrículas sin condicionamientos y el traslado de escolares; asimismo, la atención al público y permanencia de personal asistencial en establecimientos de salud del primer y segundo nivel. Asimismo, se intervino ante el motín ocurrido en el Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, con la finalidad de permitir que el personal del INPE escuche las demandas de la población penitenciaria y, facilitar también la recuperación del control del penal. Además, se supervisó permanentemente la atención que brindaron los establecimientos de la Red de Salud de Huamanga.

Luego de declarada la emergencia sanitaria se supervisó la implementación del trabajo remoto en todas las dependencias del Gobierno Regional, así como en las 108 municipalidades distritales y 11 provinciales, garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales como limpieza pública, recojo de residuos sólidos, seguridad ciudadana, saneamiento, dotación y cloración del agua (ATM), gestión del riesgo de desastres, entre otros. También, se demandó a los gobiernos locales la implementación de albergues temporales para la cuarentena los casos leves de COVID-19 y la adquisición de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, como medidas para evitar mayor contagio en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

El Gobierno Regional y los gobiernos locales fueron supervisados, a fin de verificar la debida adquisición y distribución de los alimentos de primera necesidad de la canasta básica familiar y el proceso de traslado humanitario de las personas que quedaron varadas en otras regiones. Los casos en que se identificaron irregularidades fueron puestos de conocimiento del Ministerio Público, además de haberse logrado transparentar la ejecución presupuestal de los contratos suscritos con las empresas de transporte, alojamiento y alimentación, para las personas retornantes que fueron puestas en cuarentena.

Considerando el incremento de casos COVID-19 en la región, se logró persuadir al Gobierno Regional para informar diariamente a la población sobre el número de camas UCI, UCIN y de hospitalización en uso y disponibles, así como abastecimiento de oxígeno medicinal, por cada provincia. Además, en el momento más difícil de la pandemia, se supervisó las actuaciones de los hospitales COVID-19 del Gobierno Regional y EsSalud, para garantizar el aumento de personal asistencial, camas, ventiladores y oxígeno.

A mediados de año, la institución verificó que más de 18 000 escolares habían sido excluidos del sistema educativo, al no tener acceso a la estrategia “Aprendo en casa”, al no contar con conexión a radio, televisión e Internet. Tras reuniones de trabajo articuladas con la Dirección Regional de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y municipalidades, se logró reducir dicha cifra. Finalmente, al autorizarse el retorno semipresencial a clases de manera excepcional en zonas rurales, se verificó el cumplimiento de las condiciones dispuestas por el Ministerio de Educación, evidenciado que debía reforzarse el cumplimiento de algunas medidas de bioseguridad.

Al advertir que los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar no eran atendidos multisectorialmente, con motivo de la cuarentena, se logró reactivar las instancias provinciales de concertación y la Comisión Regional Multisectorial contra la Trata de Personas, a fin de coordinar el trabajo articulado y elaborar sus planes de trabajo. Del mismo modo, se supervisó permanentemente la labor de las entidades competentes en los Comités de Seguridad Ciudadana y Comisión Regional Anticorrupción, recordando a las autoridades la normativa vigente y sus obligaciones en el abordaje de ambas temáticas.

Finalmente, con motivo de la crisis política ocurrida en noviembre, personal de la Defensoría del Pueblo supervisó la actuación de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, acompañando a la población. Tras visitar las carceletas policiales y establecimientos de salud, se descartó que se hubiera detenido o lesionado a alguna persona.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho recordó que atiende de manera presencial, en su sede ubicada en el jirón Sucre 300, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, bajo estrictos protocolos de bioseguridad. También se realizan atenciones virtuales a través de los números 945998635 y 966680046 y correo electrónico odayacucho@defensoria.gob.pe.