Defensoría del Pueblo: en Lima Norte se atendieron más de 3150 casos de vulneración de derechos ciudadanos

Durante el año 2020, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte realizó 3152 atenciones relacionadas a la defensa de los derechos de las personas. Del total, 1194 fueron quejas, 1383 consultas, y 575 petitorios. Cabe señalar que, no obstante la pandemia por el COVID-19, la cifra supera a la registrada el año 2019, en el que se reportaron 2929 atenciones.

Según la información sistematizada, las entidades más quejadas fueron las municipalidades con 32,5 %. Le siguen el Ministerio Público con 8,8 % de las quejas; comisarías con 8,5 %; el Ministerio de Salud con 7,4 %; empresas prestadoras del servicio público de electricidad con 7,3 % y el Poder Judicial con 7,2 %.

En el contexto de la emergencia por el COVID-19, un caso importante de intervención defensorial estuvo relacionado a la falta de distribución de equipos de protección al personal de limpieza pública del distrito de Comas. Tras las recomendaciones institucionales, el municipio cumplió con brindar los implementos de bioseguridad.

Asimismo se hizo un constante seguimiento a las municipalidades de Santa Rosa, Ancón, Independencia, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, Comas y San Martín de Porres para garantizar la entrega de las canastas básicas a las familias de pobreza y pobreza extrema.

En relación a los casos de salud, las principales problemáticas atendidas fueron: i) prestación oportuna y la calidad del servicio: falta de atención, desabastecimiento de pruebas de descarte, la no entrega de medicamentos, falta de atención de otras enfermedades diferentes al COVID-19; ii) trámites y procedimientos: implementación de tramites virtuales, falta de respuesta, páginas web no amigables, retiro de cadáveres, entrega de certificados, entre otros; iii) laborales: insuficiente cantidad o demora en la entrega de equipos de protección personal, incumplimiento de condiciones de trabajo presencial.

En educación, los problemas recurrentes estuvieron referidos al derecho a acceder a la educación de niñas, niños y adolescentes al no haber sido, oportunamente, matriculados o incluidos en las nóminas de las instituciones educativas privadas. Además, se presentaron quejas relacionadas a temas laborales por el incumplimiento de condiciones de bioseguridad, la falta de pago de bonificaciones y otros derechos a docentes y personal administrativo.

De la misma manera, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte atendió 519 casos sobre violencia contra la mujer en el año 2020, advirtiendo que el derecho vulnerado más recurrente ha sido el acceso a la justicia y la falta de celeridad procesal, así como la dilación en la investigación preliminar, evidenciando que no existe una atención inmediata por parte de los operadores de justicia.

En esa línea, se intervino ante las comisarías del sector ante la negativa a recibir denuncias, realizando las coordinaciones necesarias para que las víctimas sean atendidas, en el marco de la Ley Nº 30364 y el Decreto Legislativo Nº 1470. Además, tras identificar que el Hospital Sergio Bernales se negaba a brindar atención a una adolescente víctima de violación sexual, se demandó a las autoridades sanitarias la inmediata atención médica, así como se determinen responsabilidades y se capacite al personal sobre el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual.

“Durante el 2020 se continuaron también con las supervisiones a los centros de salud, comisarias, hospitales, centros de atención residencial de personas adultas mayores y de niñas, niños y adolescentes, a las municipalidades, a los centros emergencia mujer, a las UGEL, a la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, así como a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte y a la Dirección Regional de Salud, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a los hospitales en relación a los servicios COVID y no COVID”, precisó Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte.

Finalmente, la institución reafirmó el compromiso de continuar trabajando por la ciudadanía durante el 2021 con la finalidad de defender sus derechos fundamentales como el acceso a salud, educación, trabajo y justicia.