Defensoría del Pueblo: puno registra 14 conflictos a diciembre de 2020

Nota de Prensa N° 1603/OCII/DP/2020

· Protesta no es sinónimo de violencia.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su rol de monitoreo de conflictos sociales, informó que Puno es la quinta región con mayor número de conflictos sociales en el país, y al finalizar el año concluye con 12 conflictos activos y 2 latentes; siendo la mayoría de ellos de tipo socioambiental (10).

Asimismo, detalló que los casos de mayor preocupación por su intensidad se ubican las cuencas de Llallimayu, Coata, Ramis, Suchez, Vilavilani, entre otros, que esperan una solución definitiva. Además, la institución indicó que de enero a diciembre del 2020, se tienen registrados 192 acciones colectivas de protestas sociales en esta región.

El nivel más alto en relación a expresiones públicas ocurrió en los meses de junio (26) y noviembre (27), donde los manifestantes realizaron diversas acciones como plantones, marchas y movilizaciones. Asimismo, febrero fue el mes con menor número de acciones de protesta (1).

Un aspecto importante para la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno es que, a nivel de conflictividad social en la región, durante el año 2020, no se registró ningún fallecido y tampoco heridos.

“Durante este año las protestas transcurrieron sin momentos graves de tensiones lo cual evitó que se ponga en riesgo los derechos de la ciudadanía, principalmente los relacionados a la vida, salud, libre tránsito”, manifestó Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno.

En esa línea, la institución invocó a la ciudadanía a que las protestas transcurran pacíficamente y recordó que una protesta no es sinónimo de violencia, por el contrario las acciones de este tipo deslegitiman las demandas sociales.

Finalmente, cabe recordar que en materia de conflictos, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución.