Defensoría del Pueblo: urgen medidas que garanticen los derechos de las personas en movilidad internacional

En el Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre, la Defensoría del Pueblo llama a la reflexión y a la acción sobre los retos que las personas en movilidad internacional enfrentan para el ejercicio de sus derechos y su inclusión en el país de acogida.

Perú ha sido tradicionalmente un país de origen de personas en movilidad humana, ello se refleja en los más de 3 millones de peruanas y peruanos que residen en el exterior, quienes a través del envío de remesas contribuyen al desarrollo de su familia, así como a la dinamización de la economía nacional.

En los últimos años, el Perú se ha convertido en país de acogida de personas en movilidad internacional, principalmente, de migrantes y refugiados venezolanos. Si bien el Estado peruano ha adoptado diferentes medidas para atender las necesidades de la creciente población extranjera, existen grandes desafíos que deben ser abordados.

Según los hallazgos del informe “Personas venezolanas en el Perú. Análisis de su situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, las personas en movilidad internacional enfrentan retos para el ejercicio de derechos como la salud, la educación, el trabajo, el acceso a viviendas dignas, entre otros, debido a barreras legales, documentarias, económicas, y de acceso a la información.

En muchos casos, los estereotipos y percepciones negativas sobre extranjeras y extranjeros, especialmente, de aquellos de nacionalidad venezolana, también limitan el ejercicio pleno de estos derechos. La proliferación de discursos que buscan criminalizar la migración en nuestra sociedad, que muchas veces son reproducidos por los medios de comunicación e, inclusive, por las autoridades estatales, componen una barrera infranqueable para la inclusión de esta población en el país.

En el marco de la pandemia, las barreras para ejercer sus derechos y su vulnerabilidad se han visto incrementadas por la pérdida de trabajos y oportunidades laborales que se han generado por las medidas de mitigación contra el COVID-19 adoptadas por el Estado. La inestabilidad económica a la que se enfrentan actualmente gran parte de las personas extranjeras ha incrementado el riesgo de seguridad alimentaria y de vivienda, esto último debido a la imposibilidad de cubrir los pagos de arriendos.

A pesar de la precaria situación descrita no se ha previsto para ellas y ellos medidas de ayuda económica o humanitaria, como los diversos bonos que ofrece el Estado. Preocupa, además, que en el Congreso de la República se hayan presentado entre marzo y noviembre de este año hasta tres proyectos de ley que buscan la criminalizar y estigmatizar a las personas migrantes.

Cabe indicar que, esta situación afecta de manera especial a niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que la mayoría no tiene acceso a salud y educación, pues se les exige una calidad migratoria, es decir, muchos de ellas y ellos, en el actual contexto, no tienen la posibilidad de seguir un tratamiento médico adecuado y oportuno. Asimismo, se han evidenciado casos de violencia contra estas personas menores de edad y problemas para acceder un registro oportuno de niñas y niños nacidos de padres extranjeros. Por lo que, urge que el Estado adopte medidas articuladas para garantizar el cumplimiento y respeto de sus derechos.

Las situaciones descritas impactan en el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado peruano, y atentan contra la dignidad de las personas extranjeras en el país. Por ello, se requieren medidas urgentes que busquen cerrar las brechas en el respeto y garantía de sus derechos en el Perú.

La Defensoría del Pueblo considera que es necesario repensar la movilidad humana como una oportunidad para el desarrollo inclusivo del país, para ello se requiere priorizar acciones en el campo laboral y de salud, así como canales accesibles para la regularización migratoria, y el diseño de políticas públicas contra la discriminación.

Rumbo al bicentenario de la proclamación de la independencia del país, aún se mantienen retos pendientes que permitan la construcción de una sociedad más justa y equitativa que facilite la integración de las personas extranjeras en el país, especialmente, de los más vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras. La institución reitera el compromiso en el trabajo por la defensa y protección de los derechos de todas y todos sin distinción alguna.

Puede ver el informe “Personas venezolanas en el Perú. Análisis de su situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el COVID-19” en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N-002-2020-DP-ADHPD-Personas-Venezolanas-en-el-Per%C3%BA.pdf