Defensoría del Pueblo: resaltamos compromiso de alcaldesas para luchar contra la violencia hacia las mujeres

Nota de Prensa N° 1566/OCII/DP/2020

Tras participar en el III Encuentro de Alcaldesas al bicentenario, realizado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo destacó el compromiso de las alcaldesas en luchar contra la violencia basada en género, en especial en este contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. Para ello, elaboraron una declaración en donde se expresan las limitaciones, los compromisos y las recomendaciones para abordar esta problemática.

En efecto, dicha declaración expresa que la pandemia por COVID-19 ha develado de forma más crítica las desigualdades económicas, sociales y culturales, además de la sobrecarga de labores de cuidado que recae en las mujeres, lo cual ha sido más grave en las personas y comunidades de mayor vulnerabilidad. Así, se ha hecho visible la necesidad de un trabajo articulado de los tres niveles de gobierno para garantizar la continuidad de políticas y servicios en materia de violencia de género, salud sexual y reproductiva, y ayuda humanitaria.

En este contexto, se registraron 21 denuncias de casos de acoso político (mayormente ciberacoso y a través de medios de comunicación), principalmente contra mujeres autoridad de gobiernos locales, que fiscalizan fondos de respuesta ante la emergencia sanitaria. Asimismo, las alcaldesas manifiestan que vienen afrontando iniciativas de revocatorias sin causas objetivas, lo cual genera un clima de polarización en sus territorios.

En adición a ello, siguen experimentando dificultades en el acceso a proyectos de inversión y a mayor presupuesto para atender urgencias de la población más pobre del país. Por ello, solicitaron cambios en las estrategias del Estado, cuyas políticas en relación con los gobiernos locales debieran ser diferenciadas en atención a la diversidad y disparidad de los territorios que gestionan.

En ese sentido, las alcaldesas se comprometieron a implementar la Política Nacional de Igualdad de Género y lucha contra las violencias hacia las mujeres en su diversidad, de manera articulada y con la asistencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, consideraron clave fortalecer la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales del Perú (Renama) y las articulaciones con otras organizaciones, así como intercambiar experiencias de buenas prácticas en la gestión.

En la declaración, se exhortó al Congreso de la República a aprobar una ley para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político, y tipificarlo como delito. También, se le solicitó aprobar la paridad horizontal para garantizar la presencia de mujeres en los cargos de alcaldesas, y propiciar una representación igualitaria en el parlamento y los consejos regionales; evaluar la modificación de la Ley de Participación Ciudadana para incluir causas objetivas para la revocatoria y analizar su posible suspensión debido al contexto de la pandemia; entre otras medidas.

En cuanto al Poder Ejecutivo, la declaración señala que tanto el presidente como el Consejo de ministras/os deben concretar un mayor apoyo a la gestión municipal en proyectos de inversión, presupuesto y temas administrativos que faciliten la labor local. Para ello, se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas modificar los criterios para la cofinanciación, y el incremento de incentivos presupuestales.

Por su parte, las alcaldesas han solicitado que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fortalezca la implementación de servicios en materia de violencia de género en coordinación con las instancias de concertación local, en especial aquellas lideradas por mujeres. Así, también se podrá intensificar el apoyo y seguimiento a la atención de casos de acoso político contra autoridades mujeres.

Finalmente, se ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones difundir la ruta de atención del acoso político contra las mujeres, investigar y sancionar estos actos, y garantizar el cabal cumplimiento de la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe aprobar el protocolo para garantizar los derechos políticos de las personas trans y el respeto a la ley de financiamiento de los partidos políticos.