Defensoría del Pueblo: durante el mes de noviembre se registraron once nuevos conflictos sociales

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 201, correspondiente al mes de noviembre de 2020, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 198 conflictos sociales, 147 activos y 51 latentes. Respecto al mes anterior se incorporaron 11 casos y se incrementaron las acciones colectivas de protesta a 395.

Se reportaron 11 nuevos conflictos sociales. Tres son de tipo comunal y se desarrollan en las regiones de Ayacucho, Cusco y San Martín. En Ayacucho, se registró otro que involucra a las comunidades de Santa Rosa de Huancapuquio y Pomacocha; en Cusco, a las comunidades de Cancahuani y Yanque Lacca Lacca; y, en San Martín, a la comunidad nativa Kichwa Anak Kurutuyacu y a los caseríos del distrito de Huimbayoc.

Otros cinco casos nuevos son de tipo socioambiental. En Áncash, la Municipalidad Distrital de Huallanca y representantes de organizaciones del distrito exigen a la Compañía Minera Santa Luisa la ejecución de un proyecto de mejoramiento de energía eléctrica a través del mecanismo de obras por impuestos y el cumplimiento de acuerdos suscritos. En Arequipa, en la provincia de Caravelí, mineros informales se encuentran en conflicto con la empresa Intigold Mining.

En La Libertad, se registraron dos conflictos. En el primero, integrantes del caserío de Shiracmaca denuncian que la empresa minera Summa Gold afecta sus redes de abastecimiento de agua potable y otro conjunto de exigencias y; en el segundo, la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz expresan su rechazo a las actividades de exploración minera en el proyecto Supaypacha de la empresa Fresnillo Perú. En el departamento y provincia de Pasco, la comunidad campesina de Smelter sostiene que la Sociedad Minera El Brocal no habría cumplido con sus compromisos.

Huánuco cuenta con un nuevo caso por asuntos de Gobierno Regional e involucra a organizaciones agropecuarias, comunales y barriales que demandan el cumplimiento de una ordenanza regional que declare en situación de emergencia el sector agropecuario y la seguridad alimentaria nutricional del departamento, así como otras medidas para la reactivación del sector agrario.

De otro lado, dos conflictos nuevos son por asuntos de Gobierno nacional. Uno de ellos relaciona a los trabajadores temporales de empresas de agroexportación de los departamentos de Ica y La Libertad, quienes reclaman la derogación de la Ley N° 27360 para la promoción del sector agrario, la aprobación de una norma especial laboral para el sector, eliminación de las “services” y el incremento de la remuneración diaria. El otro conflicto se desarrolla en Cusco, donde las organizaciones sociales de Urubamba y Machu Picchu demandan la disminución de las tarifas para turistas nacionales y el incremento de frecuencias de trenes a las empresas de transporte ferroviario que operan en la zona.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (23 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.2 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 63.6 %.

Del total de casos activos, el 67.3 % (99 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 83 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 72.7 % (72 casos) corresponde a casos socioambientales.

Con relación a la violencia en los conflictos sociales, en el marco del paro agrario el ciudadano Jorge Yener Muñoz falleció producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y los trabajadores temporales del sector agroexportador en la provincia de Virú, en La Libertad. Asimismo, el ciudadano Mario Fernández Gonzáles falleció tras sufrir un accidente de tránsito cuando retornaba a su domicilio y no recibir atención inmediata debido al bloqueo de las vías y las protestas en el marco del paro agrario.

Por otro lado, tal como se informó en la nota de prensa del Reporte de Conflictos Sociales Nº 200, en el marco de las protestas contra la vacancia presidencial fallecieron los ciudadanos Inti Sotelo Camargo (24 años) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22 años), y 210 personas recibieron atención médica por presentar lesiones durante las movilizaciones, según el Ministerio de Salud.

Otro hecho de violencia se registró en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, donde las comunidades campesinas de Cancahuani y Yanque Lacca Lacca se enfrentaron por disputas de límites territoriales. Producto de este enfrentamiento el ciudadano Edwin Enrique Dominguez falleció y otras tres personas resultaron heridas.

Se registró 395 acciones colectivas de protesta en el mes de noviembre, 257 más que el mes anterior. El 30 % de las protestas estuvieron vinculadas a la vacancia presidencial.

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 26 alertas tempranas (ver página 12 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 11 son conflictos nuevos, cinco son casos activos y 10 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: