Defensoría del Pueblo: urge continuar actividades de fiscalización en emporios comerciales limeños

La Defensoría del Pueblo alertó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el mínimo avance de las municipalidades limeñas en la ejecución de presupuesto asignado para la contratación de fiscalizadores que intervengan en emporios comerciales a fin de recuperar áreas públicas ocupadas por comerciantes ambulantes y así evitar la propagación de la pandemia en nuestra capital.

En el marco de la estrategia nacional para prevenir contagios del COVID-19, el Gobierno central identificó a los 16 distritos de Lima Metropolitana con mayor densidad poblacional en los cuales se incrementó el comercio informal en espacios públicos, lo que genera aglomeraciones de personas. Ante tal contexto se emitieron, en julio y setiembre pasados, normas (D.S N° 183-2020-EF y D.U.N°115-2020) asignando presupuesto específico a favor de dichos municipios para contratar fiscalizadores que permitan recuperar espacios públicos.

Durante la supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo, se verificó, a través del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la municipalidades de Lima, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y el Agustino han ejecutado menos del 32 % del presupuesto asignado a esta tarea que busca combatir la concentración de personas. Por su parte las municipalidades de Chorrillos, Villa El Salvador, San Martin de Porres, Rímac, Independencia y Santa Anita han invertido entre el 30 % y 40 %.

Las comunas de Villa María del Triunfo, Comas y Los Olivos han ejecutado el 50 % mientras que las autoridades locales de Ate y Puente Piedra llegaron a invertir el 67.5 % y 61.6 %, respectivamente, señala el oficio enviado a la PCM por el jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, Alberto Huerta.

Respecto a los emporios del Rímac y de La Victoria, los respectivos municipios informaron que el presupuesto que se les asignó se habría agotado en noviembre pasado (caso de La Victoria) y se agotará el próximo 31 de diciembre (caso del Rímac). Frente a ello,se instó a la PCM para que, a través del MEF, brinde asistencia técnica a los municipios limeños a fin de que impulsen la ejecución del referido presupuesto y se evalúen asignaciones adicionales a aquellos queno puedan asegurar la continuidad de actividades de fiscalización en lo que queda del año y a lo largo del 2021.

Sobre los emporios del Cercado de Lima (“Mesa Redonda”, “Mercado Central” “Triangulo de Grau”) y de La Victoria(“Gamarra”) los respectivos municipios informaron que la proliferación del comercio ambulatorio estaría auspiciada por mafias organizadas, problemática que trasladamos al Ministerio del Interior, mediante un oficio, y a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada a fin que adopten –a la mayor brevedad- medidas de acuerdo a sus respectivas competencias,evitándose actos de violencia que afecten a los comerciantes, usuarias/os, personal municipal /policial y otros.

La Defensoría del Pueblo también se ha dirigido al Ministerio de Salud (Minsa) para solicitarle priorizar la emisión de una directiva sanitaria que contenga parámetros de salubridad, áreas mínimas, ubicación y disposición de espacios públicos (ferias temporales) en los que las municipalidades limeñas puedan ejecutar reubicaciones de trabajadores ambulantes.

En tanto, a las municipalidades distritales limeñas, la Defensoría del Pueblo ha planteado elaborar y ejecutar, conjuntamente, un plan de trabajo, con cronograma de actividades, orientado aidentificar espacios públicos para ferias temporales a fin de sumar esfuerzos que aceleren el empadronamiento e implementación de procesos de reubicación de trabajadores ambulantes.

Ante cualquier queja o consulta, ciudadanas y ciudadanos afectados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-15-170.