Defensoría del Pueblo hace balance de la situación de los derechos humanos en el Perú

Nota de Prensa N° 1528/OCII/DP/2020

Al cumplirse hoy 72 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo pone en relieve la necesidad de que el Estado cuente con políticas claras destinadas a trabajar intensamente en la reducción de las brechas sociales y económicas originadas como resultado de la pandemia por el COVID-19, las mismas que han acentuado la condición de vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños, migrantes, personas LGBTI y con discapacidad, adultos mayores así como poblaciones indígenas, entre otros grupos vulnerables.

En ese sentido, consideramos necesario hacer un balance sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos de estos sectores poblacionales tras varios meses de emergencia sanitaria y consecuente crisis económica.

Para la Defensoría del Pueblo, las personas con discapacidad han sido uno de los grupos más afectados durante la pandemia, ya que las barreras en el acceso a los servicios de salud, educación y empleo se agravaron.

Las recientes movilizaciones sociales –que contaron con una asistencia masiva de adolescentes y jóvenes– demuestran que debe desterrarse toda práctica de discriminación o violencia que impida a los miembros de este grupo etario expresarse libremente y opinar en los asuntos que les involucra y afecta.

Como hemos advertido con anterioridad, la situación de la niñez y adolescencia en el país sigue demandando la urgente atención del Estado. Los altos niveles de violencia en su contra; la falta de continuidad de los servicios de salud para garantizar su bienestar físico y mental; las dificultades en su acceso a la educación a distancia; las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violación sexual, entre otras problemáticas, exigen a las autoridades de los distintos niveles de gobierno cumplir con su obligación constitucional de brindarles protección especial garantizando el permanente respeto de sus derechos, conforme a su interés superior.

En lo que concierne a la violencia de género, a lo largo de la emergencia sanitaria la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre los altos índices de violencia hacia mujeres reportados como consecuencia de las cuarentenas prolongadas. Es así que, a través de diversos reportes, ha insistido en la necesidad fortalecer el proceso de búsqueda de más de 4500 mujeres desaparecidas desde inicios del año. La situación se agrava si se considera que, en un 23 % de los casos de feminicidios, las víctimas habían sido reportadas previamente como desaparecidas.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo se ha mantenido vigilante frente a la afectación de derechos de las personas LGBTIQ quienes, al no contar con políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos, continúan siendo víctimas de discriminación y ven limitado el reconocimiento y ejercicio de sus derechos en igualdad. En consonancia con lo señalado, exigimos al Congreso discutir los proyectos referidos a la Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de Identidad de Género, que fueron presentados hace cuatro años.

El sector educativo fue otro aspecto que generó la atención de la institución, ante las graves deficiencias en conectividad que impidieron el derecho a la educación de miles de estudiantes, especialmente de zonas rurales. Durante una supervisión, se pudo detectar que más de 410 000 estudiantes se vieron impedidos en acceder a la educación a distancia y el 50 % de las UGEL señalaron que la falta de conectividad a internet fue el principal problema para ejecutar la estrategia “Aprendo en Casa”. Además, 2571 instituciones educativas públicas reportaron casos de abandono escolar como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

Es permanente la preocupación por la incidencia de la pandemia en la salud de los pueblos indígenas dada su alta vulnerabilidad sanitaria Por ello, ante la pronta distribución de las vacunas contra el Covid-19, consideramos importante que su alcance priorice a las personas que forman parte de estos pueblos, siempre en coordinación con sus organizaciones y representantes. La pandemia afectó de forma extrema a las personas privadas de libertad. La demora en la adopción de medidas trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas entre internos y agentes penitenciarios. A finde prevenir nuevos rebrotes es necesario hondar en las medidas contra el hacinamiento.

Los efectos de la pandemia también han incrementado las brechas hacia sectores como las personas migrantes y las poblaciones afroperuanas. En este último caso, desde la Defensoría del Pueblo hemos llamado la atención por el bajo nivel de implementación del Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 (Plandepa), principalmente desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales. Por su parte los migrantes y refugiados no recibieron ayuda socio económica alguna, ni siquiera a aquellas que cuentan con residencia regular o que tienen arraigo familiar.

De otro lado, ante las recientes movilizaciones sociales y hechos de violencia registrados en noviembre, reiteramos el pedido al Estado peruano a cumplir con su obligación de garantizar justicia y reparación efectiva, pertinente y proporcional al daño provocado a las víctimas de violaciones y abusos de los derechos a la libertad, y de reunión pacífica y asociación.

El contexto actual recuerda que debemos estar vigilantes en el desempeño e implementación de los compromisos pendientes en materia de garantía y protección a los derechos humanos. En ese sentido, reiteramos también la importancia de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y el Acuerdo de Escazú, este último rechazado recientemente por el Congreso de la República.

Al ser la institución llamada constitucionalmente a defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, la Defensoría del Pueblo aprovecha esta importante fecha para reforzar su compromiso por la defensa de los derechos humanos, así como por la construcción de una sociedad más justa y equitativa.