Defensoría del Pueblo: Disparidad de criterios para tipificar casos de violencia contra la mujer afecta su derecho a justicia, en Arequipa

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa presentó el informe denominado “Feminicidios en Arequipa, análisis social y jurisdiccional de los casos consumados durante el año 2017”. El documento tiene como principal objetivo evaluar la actuación del sistema de justicia ante los casos de feminicidios e identificar los posibles factores de riesgo que puedan desencadenar actos de violencia contra la mujer.

Uno de los principales riesgos que se advierte en el informe es la disparidad de criterios jurídicos que manejan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público para registrar, tipificar y sancionar los casos de violencia contra la mujer. Por ejemplo, mientras que para el primero existió 14 casos, el segundo solo informó de 5 de ellos; este hecho podría vulnerar claramente el derecho de acceso a la justicia no solo de las víctimas de violencia, sino también de las familias que esperan una condena justa para los agresores y una adecuada reparación.

El trabajo, que se sustentó en el análisis de 11 casos entre carpetas fiscales y expedientes judiciales, permitió analizar el “Perfil Social de la víctima y del agresor”, que comprende factores como la edad, grado de instrucción, lugar de nacimiento y actividad laboral. Al respecto, se puede afirmar que, en la mayoría de los casos de violencia, el agresor es mayor a su víctima, el nivel de instrucción determina muchas veces su tolerancia a la violencia y tanto víctima como agresor provienen de ciudades distintas al lugar de los hechos de violencia. Ello podría suponer un mayor estado de vulnerabilidad de la mujer por no tener arraigo familiar, además de que casi siempre existe dependencia económica con su agresor.

Otros aspectos examinados se relacionan a las circunstancias de la violencia, es decir, algunos hechos que pueden explicar por qué los casos de violencia contra la mujer pueden terminar en desenlaces fatales. Es así que, en el 100 % de los casos, la víctima y el agresor mantenían una relación sentimental, antecedentes agresión y violencia. Asimismo, el 64 % tenían hijos producto de la relación y en el 73 % de los casos el agresor estuvo bajo los efectos del alcohol el día del crimen.

Un hecho preocupante es que a más de 2 años de ocurridos los 11 casos de feminicidio, se advirtió que solo 4 de ellos se encuentran con ejecución de sentencia firme, 2 fueron archivados por la fiscalía y 5 aún se encuentran en proceso judicial. No obstante, lo que más llama la atención es la variedad de penas impuestas o solicitadas por la fiscalía para los agresores por un mismo delito. Las mismas que van desde los 8 años hasta los 30 años de prisión. Lo mismo ocurre con las reparaciones civiles solicitadas a favor de los deudos, que pueden ir desde los 8000 hasta los 100 000 soles.

Es este sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa recomendó la realización de un “Pleno Jurisdiccional Distrital”, que es una herramienta prevista por la ley, para que los jueces del Poder Judicial, escuchando a los operadores del sistema de justicia, como MinisterioPúblico, Centro Emergencia Mujer y otros, puedan exponer y debatir las normas desde unpunto de vista técnico. Esto permitirá tomar acuerdos que hagan posible homogenizar criterios y sancionar un mismo delito con una misma pena.

Finalmente, es importante insistir en que las autoridades deben poner mayor énfasis en la educación y sensibilización de la población para eliminar conductas violentas arraigadas en nuestra sociedad. También, deben fortalecer a las instituciones encargadas de brindar las medidas de protección y soporte a las víctimas de violencia, para que estas reciban una atención eficaz y oportuna y se evite la revictimización.