Defensoría del Pueblo: albergues de Ayacucho deben garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes

Nota de Prensa N° 1260/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó al Gobierno Regional ejecutar acciones de supervisión a los Centros de Acogida Residencial (CAR), públicos y privados, con el objetivo de verificar las condiciones de funcionamiento y la calidad de intervención en niñas, niños y adolescentes que albergan.

Al respecto, la institución señaló que realizó una supervisión a cuatro CAR de la región Ayacucho; tres de estos bajo la administración del Gobierno Regional de Ayacucho como son el Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorin en Ayacucho, CAR Aldea Infantil Señor de Nazaret en Tambo, y CAR Aldea Infantil Virgen de las Nieves en Coracora. También se supervisó el CAR de gestión privada Casa Hogar Juan Pablo II en Huanta.

Como resultado de las visitas realizadas a estos establecimientos, se identificó que en tres de ellos no se aplicaron las pruebas de descarte de COVID-19 a niñas, niños y adolescentes residentes, pese a las gestiones realizadas por sus directores, ante lo cual la institución viene solicitando información a las autoridades regionales sanitarias. Solo el Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín tamizó a su población total, arrojó cinco casos confirmados de residentes y 10 de trabajadores. Asimismo, se advirtió que no cuentan con todo el personal en Medicina, Enfermería, Psicología, Educación o Trabajo Social.

También se evidenció que los cuatro CAR visitados no estarían recibiendo seguimiento por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local sobre el acceso a la educación y continuidad educativa de las 71 niñas, niños y adolescentes acogidos en estos establecimientos pese a que esta instancia educativa tiene la obligación de establecer acciones específicas que permitan el aprendizaje mediante la estrategia educativa “Aprendo en casa”. Esta situación se agrava con las dificultades reportadas por algunos CAR sobre la conexión a internet.

“Ante lo evidenciado, demandamos que la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ejecute acciones de supervisión a los Centros de Acogida Residencial con el objetivo de verificar, de acuerdo a su perfil de atención, las condiciones en las que vienen funcionando y la calidad de intervención que se realiza en niñas, niños y adolescentes acogidos. Es urgente que los tres CAR públicos se acrediten ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho también instó a disponer la asignación presupuestal a los CAR que están bajo cargo del Gobierno Regional, ya que según informaron no han recibido presupuesto adicional durante la emergencia sanitaria para implementar los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, así como que la Dirección Regional de Salud programe visitas periódicas por parte de los establecimientos de salud.

Finalmente, se exigió disponer que la Dirección Regional de Educación implemente acciones de seguimiento en el aprendizaje por parte de las UGEL a fin de garantizar el derecho a la educación y la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes acogidos en los CAR de la región Ayacucho.