Defensoría del Pueblo reitera que deben implementarse medidas de bioseguridad en Reniec de Puerto Maldonado en Madre de Dios

Nota de Prensa N° 1250/OCII/DP/2020

• Aglomeraciones ponen en peligro a usuarias y usuarios frente al COVID-19.

La oficina de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios reiteró al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Puerto Maldonado disponer acciones inmediatas dirigidas a garantizar la atención y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para las personas que acuden diariamente a dicha sede.

Durante la segunda supervisión a la sede del Reniec en Puerto Maldonado, se constató que persiste la falta de orientadores y un coordinador que resuelva los reclamos de la ciudadanía. Además, se evidenció que el personal de seguridad y limpieza está realizando labores de orden y orientación a las personas que acuden a la sede, sin conocimiento de la atención preferencial a personas adultas mayores, con discapacidad, gestantes o personas con niñas o niños en brazos.

Asimismo, que estas personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, tienen que esperar por varias horas para lograr ser atendidos a pesar del riesgo a contraer el COVID-19. También, se observó que no disponen del libro de reclamaciones pese que existe la señalización del mismo.

En tanto, usuarias y usuarios expresaron su malestar por la falta de personal para atención en las ventanillas donde solo dos especialistas brindan el servicio y añadieron que, a pesar de que algunos ya tenían una cita programada, deben hacer cola debido a que se ha suspendido el sistema de citas.

“Urge que el Reniec garantice la atención eficiente de la ciudadanía, disponiendo de personal en las ventanillas y que se cumpla con el protocolo de bioseguridad y la atención preferencial para evitar contagios del COVID-19”, sostuvo el jefe de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, Guimo Loaiza.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios reiteró su compromiso en la defensa y protección de los derechos de las personas que se hayan visto afectadas durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.