Defensoría del Pueblo: urge supervisar y atender deficiencias en cementerios y funerarias de Lambayeque

Nota de Prensa N° 1203/OCII/DP/2020

•  Se detectó que el personal encargado de realizar la inhumación de cadáveres no ha sido capacitado en medidas de bioseguridad.
• Lambayeque registra 1756 personas fallecidas por COVID-19 y es la quinta región con más decesos en el país.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque demandó a la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) y a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque vigilar las condiciones de salubridad en los cementerios y agencias funerarias de la región y que exijan a las municipalidades regularizar las autorizaciones administrativas de dichos establecimientos, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y lugares disponibles y apropiados para la inhumación y entierro de todas las personas fallecidas.

Al respecto, la oficina defensorial informó que, del 28 de septiembre al 15 de octubre, supervisó 10 cementerios y cinco agencias funerarias de la región, con la finalidad de verificar la disponibilidad de sepulturas habilitadas para cadáveres COVID-19 y no COVID-19, así como los costos de las inhumaciones y los servicios funerarios brindados a la ciudadanía.

Los cementerios que se supervisaron fueron: Huaca Blanca, en Chongoyape (comunitario); General Virgen Antiguo, en Pátapo (municipal); Nuestra Señora del Carmen, en Pomalca (municipal); Jesús Nazareno Cautivo, en Monsefú (Beneficencia); El Carmen, en Pimentel (municipal); Nuestra Señora Virgen del Carmen, en Chiclayo (beneficencia); El Ángel, en Lambayeque; Crematorio El Ángel, en Pimentel (privado); San Pedro, en Monsefú (comunitario), y El Carmen, en Picsi (comunitario).

Durante la supervisión se encontraron serias deficiencias, pues se evidenció que los cementerios Huaca Blanca, General Virgen Antiguo, Nuestra Señora Virgen del Carmen y El Carmen no cuentan con el certificado de habilitación emitido por la Dirección Regional de Salud, la licencia de construcción, otorgada por la Municipalidad, ni la autorización sanitaria, emitida por la Dirección Regional de Salud, según lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.

Asimismo, en la inspección se conoció que, pese a que el país se encuentra en emergencia nacional por el coronavirus, el personal encargado de realizar las inhumaciones de las personas fallecidas por COVID-19 y no COVID-19 no ha sido capacitado en materia de bioseguridad, por lo que se exige cumplir con todas las directivas sanitarias para el adecuado manejo de los cadáveres.

De igual forma se evidenció que los cementerios Huaca Blanca, General Virgen del Carmen Antiguo, Nuestra Señora del Carmen, El Carmen y San Pedro no cuentan con un reglamento interno, lo cual es fundamental para que todos los cementerios sigan normas y procedimientos que garanticen el buen uso y administración del servicio.

Uno de los casos más críticos que se encontró en la supervisión es el del cementerio comunitario ubicado en el caserío Huaca Blanca, en Chongoyape, el cual no está registrado, no está cercado y no cuenta con personal para la atención ni entierro de los cadáveres. En el lugar, las familias que pierden un ser querido deben contratar trabajadores que se encarguen de excavar y enterrar a los fallecidos, haciéndolo de manera informal. Además, el camposanto no registra espacio para poder enterrar más cadáveres y no cuenta con las medidas sanitarias suficientes que garanticen un protocolo de bioseguridad.

De igual forma, en la supervisión realizada a las cinco agencias funerarias ubicadas en Chiclayo: Luz del Sol, Santa Lucía, Virgen del Carmen, Integral-SERFIN y Santa, se detectó que, aunque bajaron sus precios a fin de brindar facilidades de pago, tres de ellas (Luz del Sol, Santa Lucía y Virgen del Carmen), no cuentan con las autorizaciones administrativas para su respectivo funcionamiento, tal y como lo establece el artículo 3° del Reglamento de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.

Ante la situación y teniendo en cuenta que Lambayeque registra 1756 personas fallecidas por COVID-19 y es la quinta región con más decesos en el país, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque exigió a los gobiernos locales que administran los cementerios y a los representantes de las agencias funerarias de la región Lambayeque que regularicen las respectivas autorizaciones administrativas para su adecuado funcionamiento a fin de que sean supervisados por la DESA. Esta dependencia deberá disponer las medidas y sanciones necesarias para revertir los problemas antes citados, ante los cuales la Defensoría del Pueblo estará atenta a fin de garantizar el derecho de los familiares de las personas fallecidas.