Defensoría del Pueblo: deben transparentarse gastos de traslados humanitarios por pandemia en Ayacucho

• Información sobre gastos efectuados, empresas contratadas, personas beneficiarias, entre otros, deben estar consignados en portal web del Gobierno Regional.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó al Gobierno Regional implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el traslado humanitario a consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a fin de poner a disposición de la ciudadanía información sobre las acciones y resultados de las gestiones para el retorno y cuarentena de cientos de personas en la región.

Para ello, se sugiere que en el portal web regional se disponga de una sección específica en la que se informe sobre los gastos efectuados para la ejecución del traslado humanitario excepcional, específicamente sobre el dinero asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la entidad; así como el padrón de personas beneficiarias con su número de identificación, los criterios de priorización y la lista de los ciudadanos que fueron trasladados asumiendo sus propios gastos.

Asimismo, para promover la transparencia y facilitar las acciones de vigilancia ciudadana se sugiere que el Gobierno Regional de Ayacucho consigne la lista de empresas contratadas para el transporte, alojamiento temporal y alimentación de las personas beneficiarias y el monto pagado a cada una de ellas, el número de personas transportadas en cada viaje, así como el número de alojados, incluyendo el gasto individual y por día; además de los gastos asumidos por la medicación de cada ciudadano.

“Se deben fortalecer y mejorar los canales de comunicación y transparencia virtuales para facilitar información sobre la ejecución de la medida de traslado humanitario excepcional, la recepción de denuncias por presuntas irregularidades o actos de corrupción, así como para difundir el marco normativo vigente sobre protección a los denunciantes de actos de corrupción”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

En ese sentido, la institución señaló que la corrupción, además de afectar la gestión del Estado e impedir un adecuado desarrollo económico, constituye un problema social que restringe el goce de derechos fundamentales, en especial de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y encuentra un escenario favorable en periodos de estado de emergencia, debido a que los procedimientos de contratación se flexibilizan. Estos resultados obtenidos tras la fiscalización realizada por el Consejo Regional de Ayacucho y la investigación que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción evidencian la necesidad de que el proceso de traslado humanitario sea debidamente esclarecido.

Cabe señalar que, el 56 % de gobiernos regionales (14 de 25) se encuentran en la categoría de "nivel bajo" de transparencia, mientras que el 36 % (9 de 25) reporta un "nivel medio" y el 8 % (2 de 25) presenta “niveles nulos” de apertura de la información, según la supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, el pasado 15 de julio, respecto al nivel de transparencia que dichas entidades respecto al traslado humanitario excepcional.

A través del Decreto de Urgencia Nº 043-2020 se autorizó a los gobiernos regionales a efectuar, durante el presente año, la contratación directa de los servicios necesarios para el alojamiento temporal en cuarentena y alimentación completa diaria de las personas que deban desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración del estado de emergencia, asignándole al Gobierno Regional de Ayacucho la suma de S/ 424 760. Sin embargo, el presupuesto institucional modificado asciende a S/ 886 760.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho recordó que la actualización de la información del Portal de Transparencia debe ser oportuna respecto de las contrataciones efectuadas en el marco del procedimiento de traslados humanitarios, a efectos de que la ciudadanía pueda ejercer la labor de vigilancia respecto al presupuesto ejecutado, así como con las empresas, productos y servicios adquiridos o contratados.