Defensoría del Pueblo: políticas públicas deben garantizar derechos de población trans femenina en Penal de Lurigancho

Nota de prensa
Informe de la Universidad Cayetano Heredia y Proyecto ÚNICXS visibiliza la violencia física y psicológica que enfrenta esta población en penales, por parte de internos y agentes penitenciarios.

Fotos: Defensoría del Pueblo

8 de octubre de 2020 - 5:30 p. m.

Nota de Prensa N° 1086/OCII/DP/2020

La Defensoría del Pueblo destaca la iniciativa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Proyecto ÚNICXS – Personas Trans por Inclusión Social, de visibilizar la difícil situación carcelaria que afrontan las mujeres trans internas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, tomando como ejemplo aquellas que se encuentran recluidas en el establecimiento penitenciario de Lurigancho.

Como se explica en el referido informe, realizado antes de la pandemia, es necesario generar información sobre este tema, a fin de producir cambios normativos y de políticas que garanticen plenamente los derechos de los grupos más vulnerables privados de libertad.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera necesario el involucramiento de la academia en el ámbito penitenciario, dado que por su medio se hace visible la realidad y se sensibiliza a la sociedad y al Estado sobre sus graves carencias. Cabe mencionar, que la Defensoría del Pueblo, en el Informe de Adjuntía N° 06-2018- DP/ADHPD, dedica un capítulo a la situación que atraviesan las personas LGBTI en cárcel.

En este documento se recomendó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) elaborar lineamientos que garanticen sus derechos en condiciones de respeto, igualdad y no discriminación. Los resultados y conclusiones del informe elaborado por la UPCH y ÚNICXS, son congruentes con los problemas identificados por la Defensoría del Pueblo.

Por ello, se demanda realizar acciones concretas que protejan de forma efectiva a las personas vulnerables privadas de libertad (personas LGBTI, mujeres, niñas/os que viven con sus madres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, etc.). La afectación de sus derechos no debe normalizarse.