Defensoría del Pueblo: deben retirarse carteles que restringen el ingreso de personas al distrito de La Punta

Nota de Prensa N° 1056/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao instó a la Municipalidad Distrital de la Punta a retirar los carteles que restringen el ingreso a menores de 12 años y mayores de 65 años de edad a dicho distrito, pues la disposición vulnera el derecho fundamental de toda persona al libre tránsito.

Tras conocer el caso, a raíz de los reclamos y quejas de los ciudadanos en las redes sociales, la oficina defensorial realizó una inspección inopinada en el lugar y requirió a las autoridades municipales que adecúen sus medidas restrictivas teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19. “Las restricciones adoptadas por la Municipalidad Distrital de La Punta deben respetar las disposiciones nacionales”, manifestó Delcy Heredia, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en el Callao.

Cabe mencionar que los Decretos Supremos Nº 156-2020-PCM y Nº 162-2020-PCM establecen que las personas mayores de 65 años y los menores de 12 años pueden realizar un paseo máximo de 60 minutos de duración en una distancia no superior a los 500 metros respecto a sus domicilios; sin embargo, no disponen que dichas poblaciones no pueda trasladarse de un distrito a otro.

En ese sentido, la Oficina Defensorial del Callao demandó a la Municipalidad Distrital de La Punta que informe de manera clara a la población respecto a las restricciones establecidas por la comuna, a fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía como la libertad de tránsito, y el derecho a la vida y la salud.

Cabe indicar que recientemente la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el confinamiento impuesto a las personas adultas mayores, considerando que el confinamiento absoluto no solo afecta la dignidad de estas personas al desconocer su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino su salud física y mental, dados los efectos indeseados de esta reclusión. Así, por ejemplo, la falta de actividad física, la pérdida de independencia, la soledad, sumado al impacto en la salud mental como la ansiedad, depresión, trastornos de sueño, estrés, hacen cuestionar la necesidad y proporcionalidad de esta política, en los términos impuestos.

En ese sentido, la decisión del Gobierno de prolongar la cuarentena para este sector de la población, traslada, en su totalidad, al ciudadano el deber de cuidado que corresponde al Estado y a la sociedad en su conjunto atender. Asimismo, la institución manifestó que el mayor nivel de vulnerabilidad de estas personas demanda implementar acciones positivas por parte de instituciones públicas y privadas para facilitarles el ejercicio de sus derechos y garantizar que puedan disfrutar de una vida digna durante su vejez, aun si ello representa un mayor despliegue de recursos públicos o privados.