Defensoría del Pueblo: debe investigarse denuncia de presunta tortura en Ayacucho

Nota de Prensa N° 1051/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho demandó al Ministerio Público iniciar una profunda investigación por los presuntos actos de tortura cometidos por un suboficial, en agravio de un soldado que presta servicio militar en el Cuartel de Pichari del Ejército Peruano. Asimismo, se exigió verificar su estado de salud, pues la madre del soldado afirmó que se habría agravado a consecuencia de este hecho.

Según informó la ciudadana, en el mes de agosto, un suboficial obligó a su hijo a ingerir detergente con orines en la mencionada base militar, ubicada en el VRAEM.Ante ello, la oficina defensorial se comunicó de inmediato con la Segunda Brigada de Infantería del Ejército Peruano en Ayacucho, quien informó que se había dispuesto el inicio de una investigación contra el suboficial, la misma que está a cargo de Inspectoría.

“Luego de corroborar que el soldado había sido trasladado a Huamanga, a fin de pasar revisión médica, requerimos la intervención inmediata del Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones”, señaló el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, David Pacheco-Villar.

Tras la intervención de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, la Fiscalía Supraprovincial de Huamanga recabó la declaración del soldado y coordinó la asistencia del médico legista de turno para verificar su estado de salud.Por tratarse de un caso de presunta tortura, corresponde que las diligencias fiscales se realicen tomando en cuenta las reglas del Protocolo de Estambul, que contiene las líneas básicas de estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato.

La Defensoría del Pueblo cumpliendo su rol supervisor y como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se mantendrá vigilante del resultado de las investigaciones que realicen el Ministerio Público y el Ejército Peruano, considerando que hechos como este afectan la dignidad e integridad de la persona y, particularmente, en este caso, afectan también la salud física y mental.