Defensoría del Pueblo: institutos de Junín deben garantizar acceso a la educación superior

Nota de Prensa N° 897/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín demandó al Instituto Superior Público Pedagógico “Teodoro Peñaloza” adoptar todas las medidas necesarias para identificar a las alumnas y los alumnos que no están accediendo a la educación virtual, desde el inicio del estado de emergencia, a fin de que se les brinde asistencia y otras opciones de recuperación a las y los estudiantes.

Tras una supervisión realizada por la oficina defensorial, se advirtió que la continuidad del servicio educativo en este instituto ha sido afectada debido a que, durante los ciclos del 2020-I y 2020-II, el 32 % de su población estudiantil, es decir 211 alumnas y alumnos, no pueden acceder al servicio educativo a distancia por carecer de conectividad y recursos.

En esa línea, la institución recordó que, mediante la Resolución Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19”, en la que se establece que los institutos superiores públicos pedagógicos deben planificar de manera colegiada las áreas, cursos y módulos antes del periodo académico, conforme a los diseños curriculares para la formación de profesores de educación básica aprobados por el Minedu, priorizando e implementando trabajo académico con metodología virtual o a distancia.

Asimismo, la citada norma indica que se debe tener un directorio de las y los estudiantes, así como información sobre las condiciones de conectividad (internet y equipos de cómputo) de profesores y estudiantes, para definir las estrategias de formación pertinentes. En el caso de estudiantes provenientes de ámbitos rurales o pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, se debe considerar el uso de espacios radiales, medios de comunicación local, como radiotransmisión u otras disponibles.

En atención a estos lineamientos, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Junín exigió al instituto superior, verificar, a la brevedad posible, las necesidades o dificultades individuales para acceder a la educación remota de este 32 % de estudiantes, a efectos de buscar alternativas y asegurarles el acceso a la educación.

Finalmente, la institución indicó que realizará el seguimiento a la implementación de estos requerimientos, con la finalidad de que se respete el derecho de las y los estudiantes a la educación.