Defensoría del Pueblo: Poder Judicial debe dictar sentencia por intento de feminicidio en Ayacucho

Nota de Prensa N° 885/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho instó al Juzgado Penal Colegiado de Huamanga a dictar sentencia, en las próximas horas, contra un sujeto acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja. El pedido fue hecho con carácter de urgencia, ante la posibilidad de que pueda quedar en libertad, debido a que el plazo de prisión preventiva establecido en su contra vence este jueves 10 de septiembre.

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando el acusado habría intentado acabar con la vida de su entonces conviviente. De acuerdo a las investigaciones realizadas, el sujeto, en estado de ebriedad, atacó a la víctima en diversas partes del cuerpo, lo que pudo provocar su muerte. Sin embargo, pese a estos hechos, podría quedar en libertad en las próximas horas.

Al temer por su vida, ante la inminente liberación del presunto agresor, la víctima acudió a la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho para alertar sobre la posible excarcelación. Además, la mujer manifestó sentir temor a que, de ser liberado, el sujeto pueda atentar también contra su familia o darse a la fuga.

Sobre el proceso, se conoció que el Juzgado Penal Colegiado de Huamanga ha dispuesto que la sesión de continuación del juicio oral, etapa en que el Ministerio Público y la defensa del acusado presentarán sus alegatos de clausura, se realice el miércoles 9 de setiembre. Sin embargo, la prisión preventiva vencerá al día siguiente, sin posibilidad alguna de prolongación pues se ha alcanzado el máximo del plazo establecido en el Código Procesal Penal. Esto significa que si el Poder Judicial no dicta sentencia el mismo día agendado para los alegatos de clausura, el Juzgado de Investigación Preparatoria tendría que decretar la inmediata libertad del imputado.

Para la Defensoría del Pueblo, los derechos de las mujeres víctimas de violencia deben ser garantizados desde el inicio de la investigación fiscal y durante todo el proceso judicial, más aún si se trata de delitos que pusieron en riesgo sus vidas. Esto implica que la autoridad judicial está obligada a velar por su protección, incluyendo la de su familia.

“La tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de toda persona víctima de un delito, supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia”, sostuvo David Pacheco-Villa, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho. El funcionario señaló que, en este caso. En esta línea, se recordó que el órgano jurisdiccional tiene la posibilidad legal de disponer el cierre del debate tras los alegatos de clausura y, de manera inmediata y sin interrupciones, deliberar y dictar la sentencia, para garantizar la ejecución de su decisión y la protección de la víctima.