Defensoría del Pueblo: urgen políticas diferenciadas que atiendan a mujeres indígenas víctimas de violencia

Nota de Prensa N° 832/OCII/DP/2020

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación de violencia de género que viene aquejando a las mujeres que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario. Esta situación afecta principalmente su derecho a una vida libre de violencia y limita el ejercicio de sus demás derechos, colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad durante la actual emergencia sanitaria por COVID-19.

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante los primeros seis meses del año, se atendieron 10 124 casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. De este total, 1601 (16%) correspondieron a víctimas que señalaron sentirse o considerarse parte de un pueblo indígena u originario.

De este porcentaje de hechos de violencia, 1412 afectaron a mujeres, es decir, un 88.2 %. Las adultas de 18 a 59 años fueron las más afectadas (1053 casos), seguidas de las niñas y adolescentes (285) y adultas mayores (74). Asimismo, las afectadas denunciaron ser víctimas principalmente de violencia física (54.2 %), psicológica (34.8 %) y sexual (10.6 %).

En adición a ello, cabe resaltar que Cusco es la región con mayor concentración de casos, con 416 (29.5 %), seguido de Puno, con 289 (20.5 %) y Apurímac, con 187 (13.2 %). Además, 1248 afectadas (es decir, el 88.4 % del total de mujeres víctimas de violencia) son quechuas; 149 (10.6 %), aimaras, y, las demás, nativas o indígenas de la Amazonía, o pertenecientes a otro pueblo indígena u originario.

Desde la Defensoría del Pueblo, consideramos fundamental que el abordaje de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar considere los diversos enfoques. En ese sentido, el enfoque de género e interculturalidad deben permitir no solo disgregar las cifras para entender la magnitud del problema, sino exigir políticas públicas diferenciadas que prevengan y atiendan este flagelo.

Por ello, urge que desde el Estado se adopten medidas intersectoriales que incorporen estos enfoques, de género e interculturalidad, en sus intervenciones multisectoriales, más aún en la actual emergencia sanitaria, que ha profundizado los problemas, principalmente en el acceso a los servicios involucrados, en los pueblos indígenas. De otro lado, los órganos que conforman el Sistema Especializado de Justicia deben realizar una coordinación intercultural con medidas especiales de prevención en zonas con presencia de esta población, garantizando la atención en su idioma originario y abordando el problema.

Como institución que vela por los derechos humanos de las personas, demandamos a las instituciones estatales, involucradas en el abordaje de la violencia en sus diferentes formas, una atención urgente de esta problemática, que vulnera los derechos de las mujeres, indígenas de los Andes y de la Amazonía, históricamente relegadas. Por ello, estaremos atentos al cumplimiento de las exhortaciones y supervisaremos las acciones realizadas.