Defensoría del Pueblo: se debe aprobar estrategia de gestión de conflictos sociales teniendo en cuenta el contexto de la pandemia

La Defensoría del Pueblo remitió a la Presidencia del Consejo de Ministros la propuesta para que se apruebe una estrategia de gestión de conflictos sociales y de restablecimiento del diálogo, que contenga acciones que garanticen la continuidad del diálogo teniendo en cuenta las limitaciones en los desplazamientos de los participantes, la necesidad de contar con protocolos, y, sobre todo, la habilitación de plataformas digitales para la conexión remota con las organizaciones sociales que en su mayoría no tienen acceso a internet.

A través del Informe Especial "Prevención y gestión de conflictos sociales en el contexto de la pandemia por el COVID-19", la institución recordó al órgano del Ejecutivo que el país mantiene vigente un acumulado de 188 conflictos sociales, siendo uno de ellos el de la provincia cusqueña de Espinar. Asimismo, que 91 se encuentran en fase de diálogo, por lo que es necesario adoptar medidas dirigidas a buscar una solución. La presión de estos sectores sobre el aparato administrativo y las empresas irá en crecimiento por lo que se espera que la planificación de la reactivación de estos espacios se haga a tiempo.

“Existen espacios en los que necesariamente las reuniones deben ser presenciales, por ejemplo en el caso de las consultas previas a pueblos indígenas, por lo que se hace necesario elaborar protocolos en atención a posibles contagios”, sostuvo Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.

De igual forma, ante el retorno progresivo de actividades económicas y el ejercicio de derechos como el de tránsito y reunión en las localidades afectadas por conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo recomendó que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú incorporen un protocolo de restablecimiento del orden interno que tenga en cuenta aspectos como las medidas para garantizar la salud de los efectivos policiales que sean desplazados hacia las zonas en conflicto y de las personas detenidas, así como de prevención de contagios de COVID-19 en aglomeraciones.

La institución recordó que el desarrollo de las elecciones generales de abril próximo, va a coincidir con la subsistencia de la pandemia o de sus secuelas. Por ello, ha recomendado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la emisión de directivas que garanticen que las organizaciones políticas podrán implementar sus campañas y transmitir sus mensajes sin riesgo de contagio o mediante modalidades a distancia en las que se promueve los debates entre candidatos. Igualmente en el caso de electores, personeros, miembros de mesa y personal del sistema electoral y las instituciones que colaboran en el proceso.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que la estrategia para retomar el diálogo en los conflictos sociales debe ser progresiva, teniendo en cuenta criterios como el riesgo de escalamiento a la violencia, la complejidad de los casos, los pedidos expresos de reinicio del diálogo y las nuevas urgencias determinadas por la pandemia. En ese sentido, se identifican 30 conflictos que merecen una atención prioritaria, la mayoría de los cuales son de carácter socioambiental, laboral y de demarcación territorial en regiones de la selva peruana, zona central y del sur del país.