Defensoría del Pueblo presenta al Congreso texto consensuado para reconocer a comités de autodefensa

Nota de prensa
Luego de la realización de la mesa de trabajo integrada por congresistas de distintas bancadas, representantes del Ministerio de Defensa, alcaldes y comités de autodefensa.
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7 de mayo de 2025 - 7:12 a. m.

Como parte de los acuerdos asumidos en la reunión de trabajo que se sostuvo el pasado 5 de mayo, con más de 200 representantes de comités de autodefensa (CAD), la Defensoría del Pueblo presentó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, una propuesta normativa con el fin de que sea incorporada a los dictámenes del proyecto de ley que busca reconocer y regular a dichas organizaciones.

Cabe indicar que dicha reunión, desarrollada en la sede de la Defensoría del Pueblo, tuvo como objetivo abordar la problemática que viene afectando actualmente a los CAD, luego de que, en diciembre pasado, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 31494, por la que se asignó a dichas organizaciones funciones en aspectos como el mantenimiento del orden interno y la seguridad nacional.

Durante la reunión, los representantes de los CAD del Vraem manifestaron la difícil situación por la que vienen atravesando, tras la declaratoria de inconstitucionalidad, lo que originó que se quedaran sin marco normativo para luchar contra graves acciones delictivas que actualmente vienen azotando a las comunidades amazónicas, principalmente el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, opiniones respaldadas por los distintos alcaldes.

En la propuesta enviada al Legislativo se reconoce a los CAD como organizaciones surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa, para prevenir la infiltración terrorista y el tráfico ilícito de drogas, defenderse de los ataques de estas amenazas y apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación.

Finalmente, debe ser compromiso del Estado velar por nuestros conciudadanos, que arriesgando su integridad y exponiendo su propia vida, apoyan día a día en la lucha contra las amenazas del narcotráfico y terrorismo. Por tanto, es ineludible la obligación del Estado de dotar un marco normativo adecuado para el desempeño de su labor.