Defensoría del Pueblo participó en inspección judicial en los tramos de peajes de la ruta concesionada en distrito de Lima sur

Nota de prensa
Advirtió vulneraciones y serios obstáculos en el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Inspección judicial

28 de marzo de 2025 - 4:49 p. m.

La Defensoría del Pueblo participó el 21 de marzo de 2025 en la inspección judicial programada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima Sur, en el marco del proceso de habeas corpus seguido por la Municipalidad Distrital de Lurín contra la empresa Rutas de Lima S. A. C. por la afectación del derecho al libre tránsito en las vías concesionadas de la Panamericana Sur.

Como parte de su labor constitucional de defensa de los derechos fundamentales, la Defensoría del Pueblo presentó al juzgado a cargo del proceso un escrito en calidad de amicus curiae, a fin de aportar los hallazgos de la supervisión realizada el 10 de junio de 2024, en los tramos de la ruta concesionada de la Panamericana Sur, advirtiendo vulneraciones y serios obstáculos en el ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores de Lima sur.

Por otro lado, la inspección judicial tenía como finalidad recorrer los tramos de la ruta alterna de la concesión en el distrito de Lurín para constatar la grave afectación de derechos fundamentales; sin embargo, el juzgado sólo realizo un recorrido parcial de esta vía, tomando en cuenta tramos que no suponen una afectación integral del derecho al libre tránsito. La institución advierte que la ruta alterna no cumple con los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia N.° 01072-2023-PHC/TC, pues no resulta accesible e idónea para el desplazamiento de los moradores.

La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y la comunidad. Por ello, continuará atenta al resultado de la inspección judicial y a la decisión que emitirá el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín dentro de los plazos razonables tantas veces desarrollados por el supremo interprete de la Constitución, bajo responsabilidad.