Defensoría del Pueblo pide a JNE cancelar de manera gratuita casos de afiliación indebida a organizaciones políticas

La Defensoría del Pueblo formuló un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a informar a la brevedad las acciones que vienen adoptando frente al incremento de casos de personas que habrían sido afiliadas a determinados partidos políticos sin un consentimiento previo.

En un documento dirigido por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, al titular del JNE, Roberto Burneo, la entidad informó de las quejas que ha recibido en los últimos días, a lo que se suma las recientes declaraciones de una representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que informó que habrían 230 000 fichas de padrones de afiliados en los cuales se evidencian presuntas firmas falsas.

Al respecto, se recordó que el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas establece que la inscripción de partidarios de una agrupación política se sujeta a la fiscalización posterior por parte del JNE, que tiene el deber de comprobar la veracidad de la información presentada y aplicar medidas pertinentes en caso de que se advierta su falsedad.

En el escrito, el defensor del pueblo se pronunció también sobre el procedimiento administrativo establecido para el retiro de una organización política por afiliación indebida. En ese sentido, se solicitó al JNE a disponer el retiro del cobro de S/. 46.20 que se hace actualmente, al ser una limitante sustancial para el ejercicio de los derechos políticos de las personas, máxime si ellas son víctimas al no haber expresado su voluntad para la afiliación de un partido político, debido a que sus firmas habrían sido falsificadas.

Por el contrario, se exhortó al JNE a asumir el abordaje de esta problemática de manera más célere y sencilla posible, requiriéndose únicamente la presentación de una declaración jurada de no inscripción al solicitante. Cabe indicar que este pedido se suma a las declaraciones formuladas por el defensor del pueblo a un medio local, en las que afirmó que «no hay marco legal que ampare este abuso», refiriéndose a las graves afectaciones que estas denuncias tienen sobre el derecho que tiene toda persona de participar libremente en la actividad política, siempre que esa sea su intención.

Finalmente, la negligencia institucional de quienes tienen el deber de proteger y evitar la falsificación de las firmas, no puede ser trasladada a la víctima, esto agravaría la situación de vulneración de los derechos fundamentales de las personas.