Defensoría del Pueblo pide a Poder Judicial incluir atención en lenguas asháninka y matsigenka en juzgados del Vraem

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Pichari, cuya competencia comprende diversos distritos del Vraem, requirió información a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho sobre las medidas que viene adoptando para garantizar que las personas de las comunidades nativas no sean vulneradas en su derecho de acceso a la justicia en sus propias lenguas. La entidad sostuvo que para ello es fundamental que se cuente con traductores, de modo tal que se evite situaciones de discriminación o de falta de comprensión de las resoluciones o dictámenes que emiten los distintos juzgados que se ubican en esta zona del país.

El pedido fue dirigido por la sede defensorial en Pichari, que se pronunció así tras conocerse el caso de un ciudadano que acudió junto a su esposa al juzgado civil de Ayna San Francisco, en la provincia ayacuchana de La Mar. Pese a que su esposa no habla castellano, no se le habría ofrecido en ningún momento un traductor para explicar en su idioma asháninka las diligencias que se venían desarrollando en el caso que llevaba ante dicha dependencia judicial.

Tras conocer el caso, la sede de la Defensoría del Pueblo en el Vraem exhortó al juzgado civil de Ayna San Francisco a adoptar las acciones necesarias para brindar una atención con enfoque intercultural a las personas provenientes de comunidades nativas. Como respuesta, el órgano judicial informó que solo contaban con traductor al quechua y que el demandante tenía conocimiento del idioma castellano.

Ante ello, se recordó que la Constitución Política reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, estableciéndose que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Asimismo, que en 2016 el Poder Judicial inició la implementación de la Ley 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, disponiendo la creación de un módulo web denominado «Servicio de intérpretes y traductores de lenguas indígenas u originarias del Poder Judicial» que se encuentra a disposición de las cortes superiores de justicia y de la ciudadanía con la finalidad de favorecer una justicia bilingüe en aquellos procesos donde participen ciudadanos con lenguas distintas al castellano.

Todo ello fue explicado en el documento que fue dirigido a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a cuyo titular se solicitó informar las acciones que han sido adoptadas para que se atienda a la población de comunidades nativas con pertinencia cultural, así como aquellas dirigidas a implementar el servicio de intérpretes en los juzgados de su competencia.

El módulo de la Defensoría del Pueblo en el Vraem recordó que, de acuerdo a información del Ministerio de Cultura, basada en el censo nacional de 2017, más de 73 000 personas hablan la lengua asháninka y cerca de 19 000 hablan la lengua matsigenka. Se precisó que de allí la importancia de que los distintos servicios que brinda el Estado en esta zona del país consideren la pertinencia cultural en la atención a las personas.