Defensoría del Pueblo pide al Estado reforzar la reducción de las brechas que enfrentan las mujeres afroperuanas

Con motivo del Día de la Mujer Afroperuana, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las mujeres afrodescendientes del Perú. Asimismo, exhorta al Estado a reforzar la lucha por la disminución de las brechas existentes, particularmente en los ámbitos de salud, justicia, educación y empleo, acorde a los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, el pueblo afroperuano ascendía a 828 mil 894 personas y representaba el 3,6% del total de la población a nivel nacional. De esta cifra, más del 45 % eran mujeres. Al respecto, es importante entender que, aunque todas las mujeres enfrentan distintas desigualdades, las mujeres afroperuanas viven situaciones de discriminación mayor por razones como su identidad étnico-racial y, a menudo, por su situación socioeconómica.

Esto significa que experimentan barreras particulares en el acceso a derechos como salud, educación, trabajo, justicia y participación política. Ello fue recogido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), mediante su informe CERD/C/PER/CO/18-21, en el que sostuvo que las mujeres afroperuanas enfrentan múltiples formas de discriminación en el ámbito educativo, laboral y de salud, generando que las formas de violencia ejercida contra ellas persistan en mayor medida que hacia sus pares nacionales o cualquier otro grupo poblacional.

Es por ello que, desde el año 2022, el Perú cuenta con una hoja de ruta específica denominada “Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030”, que reconoce las profundas brechas estructurales existentes y establece como objetivo general reducir progresivamente la discriminación étnico-racial que afecta al pueblo afroperuano. No obstante, para la Defensoría del Pueblo la implementación efectiva de esta política debe ir acompañada de presupuestos adecuados, acciones afirmativas concretas y la participación activa de las mujeres afrodescendientes en su monitoreo y evaluación.

De otro lado, en sus más recientes observaciones al Estado peruano, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha llamado la atención sobre la falta de datos desagregados por pertenencia étnico-racial y género, así como sobre la ausencia de políticas específicas para mujeres afrodescendientes. En sus conclusiones, la CEDAW ha instado al Perú a adoptar medidas para erradicar la discriminación estructural interseccional y a garantizar el acceso a servicios esenciales con pertinencia cultural y sin barreras raciales ni de género, así como a fortalecer la participación política y representativa de mujeres afroperuanas.

A raíz de estas recomendaciones, la Defensoría del Pueblo reitera el llamado al Estado para que estos pedidos se traduzcan en políticas públicas concretas, con mecanismos de rendición de cuentas y diálogo permanente con las organizaciones de mujeres afroperuanas.

En esa línea, en el mes de junio del presente año, la institución lideró una reunión con distintas organizaciones afroperuanas que tuvo como objetivo establecer una hoja de ruta para dar seguimiento a las políticas públicas a favor del pueblo afroperuano e identificar algunas acciones conjuntas para luchar contra la problemática que los afecta, como es la discriminación racial. Producto de esta reunión se acordó constituir una mesa de trabajo para el pueblo afroperuano denominada “Victoria Santa Cruz Gamarra”, que contará con la participación de la sociedad civil y permitirá convocar a los distintos actores estatales a fin de viabilizar acciones que permitan resolver los problemas antes expuestos.