Defensoría del Pueblo pide al TC pronunciarse sobre demanda contra ordenanzas que regulan indebidamente el tránsito terrestre

La Defensoría del Pueblo invocó al Tribunal Constitucional a agilizar el trámite de la sentencia en el caso de la demanda de inconstitucionalidad que interpuso contra un conjunto de ordenanzas aprobadas por diversas municipalidades distritales, por medio de las cuales se establecieron nuevas infracciones vehiculares que vulneraban una facultad que solo tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Reglamento Nacional de Tránsito.

Como se recuerda, en 2023 la Defensoría del Pueblo presentó dicha medida tras advertir que numerosos municipios capitalinos habían regulado de manera indebida el tránsito terrestre en sus respectivas jurisdicciones, a través de ordenanzas que imponían sanciones administrativas para conductores de vehículos que obstruían espacios públicos o reglamentaban el servicio de entrega de productos a través de vehículos motorizados, entre otras situaciones, cuyo incumplimiento ameritaba la imposición de nuevas sanciones que incluían el internamiento arbitrario de vehículos en depósitos municipales, multas y otros cobros indebidos.

En la demanda se abordó de manera específica los casos de las ordenanzas aprobadas en los distritos de Breña, Carabayllo, El Agustino, Independencia, La Molina, Magdalena del Mar, Miraflores, Rímac y San Borja, las mismas que resultaban abusivas y contrarias al ordenamiento constitucional, según el cual las municipalidades distritales deben cooperar con el MTC, las municipalidades provinciales y la Policía Nacional del Perú sin contravenir sus competencias.

Es por esta razón que se acudió al TC a fin de que dicho organismo elimine las normas emitidas de manera inconstitucional por los municipios y fije criterios obligatorios a nivel nacional. No obstante, pese a haber transcurrido más de dos años, hasta el momento no se emite sentencia pese a que, el 21 de enero último, se llevó a cabo la audiencia pública de exposición de motivos.

Por ello, a más de dos años desde que se presentó la demanda y casi cinco meses de la audiencia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al máximo organismo constitucional a pronunciarse para que otras autoridades municipales no incurran en esta práctica contraria a la Constitución Política, protegiendo de esta manera los derechos de las personas. Además, reitera que continuará vigilante del proceso, actuando en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de la ciudadanía.