Defensoría del Pueblo pide garantizar la culminación de obra de saneamiento básico para 12 pueblos jóvenes en Chiclayo

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Defensorial en Lambayeque, ha solicitado al Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la urgente atención del expediente técnico de saldo de obra para la instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 12 pueblos jóvenes ubicados en los sectores de Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Priale II, de la ciudad de Chiclayo.

Esta obra, iniciada en marzo de 2019, fue paralizada por segunda vez el 15 de enero de 2025, luego de diversas suspensiones de plazo y acumulación de penalidades por parte de la empresa contratista. Como consecuencia, más de 15 mil familias de dichos sectores continúan sin acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.

En seguimiento a este tema, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque instó a la empresa prestadora de servicios EPSEL a culminar el expediente técnico de saldo de obra. Es así que este documento ha sido remitido al PNSU y se encuentra pendiente de evaluación para su aprobación y financiamiento por un costo estimado de 35 millones de soles.

Al respecto, Julio Hidalgo Reyes, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, señaló que es inaceptable que una obra tan vital esté detenida por más de seis años, debido a que esto afecta el derecho fundamental al agua potable. Asimismo, indicó que la sede defensorial ha solicitado al PNSU que, en un plazo no mayor a 10 días, informe sobre la evaluación técnica al mencionado expediente, así como las medidas concretas que adoptará para retomar la ejecución del proyecto.

El representante de la Defensoría del Pueblo informó también que, a través de diversas supervisiones, se ha podido constatar las condiciones de prestación de los servicios de agua y alcantarillado, verificándose la grave afectación a la salud pública por la presencia de malos olores y roedores en la zona.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con seguir vigilando los servicios públicos y exigiendo que las autoridades cumplan con sus obligaciones, especialmente cuando se vulneran derechos esenciales como la salud, el acceso al agua y un ambiente digno para las personas.