Defensoría del Pueblo hace un llamado al diálogo entre los Comités de Usuarios de Agua de Atupa y Antahuran y la Empresa Minera Barrick

Frente a la situación de tensión social que ocurre en el distrito de Jangas, provincia de Huaraz, región Áncash, luego que los Comités de Usuarios de Agua (CUA) de Atupa y Antahuran tomaran la medida de fuerza de ocupar la mina en cierre Pierina sin autorización desde el 24 de mayo, quienes exigen una compensación económica a la empresa Minera Barrick Perú S. A. por afectación al manantial Yarcok, y se registran lamentables hechos de violencia dejando como resultado efectivos policiales heridos, la Defensoría del Pueblo señala lo siguiente:

1. Es sumamente necesario que los CUA Atupa y Antahuran, así como la empresa Minera Barrick Perú S.A. muestren mayor flexibilidad para establecer una reunión urgente que permita superar la crisis y establecer condiciones para una posible negociación. De igual forma, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debe proseguir con las gestiones para facilitar el diálogo en la zona.

El pasado 27 de mayo, la Defensoría del Pueblo, junto al MINEM, acudió a la mina Pierina, a fin de promover el diálogo entre las partes, verificar la situación de las personas que se movilizaban, así como conocer la situación de los efectivos policiales que cumplían la labor de garantizar la seguridad en el lugar.

2. Invoca a los CUA Atupa y Antahuran a deponer su medida de fuerza, señalando que la protesta es un derecho que debe ejercerse sin violencia. También recuerda que la ocupación de propiedad privada sin autorización es un acto que está alejado de la legalidad y no contribuye a generar condiciones para el diálogo y la negociación. Además, genera un riesgo de afectación a la integridad y bienestar de las personas que permanecen al interior de las instalaciones mineras.

3. Finalmente, reitera la exhortación a la Policía Nacional del Perú a que el uso de la fuerza, solo en casos necesarios, debe aplicarse bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y con respeto a los derechos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo encargada de la defensa de derechos y la supervisión estatal, se mantiene atento a los acontecimientos y a intervenir en el marco de sus competencias bajo mandato constitucional.