Defensoría del Pueblo advierte demoras en implementación de sistema de justicia especializado contra violencia hacia las mujeres

En una mesa técnica de trabajo con representantes de las entidades que integran el Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, la Defensoría del Pueblo presentó los principales hallazgos de la supervisión desarrollada en los distritos judiciales de Áncash, Callao y Cusco, evidenciándose serias demoras que perjudican la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

En efecto, pese a que el 2019 se planteó como meta la implementación del SNEJ a nivel nacional al 2022, tres años después la situación evidencia una demora en los planes del Estado debido a que, hasta el momento, este nuevo modelo de justicia especializada para casos de violencia solo ha sido implementado en 8 de los 34 distritos judiciales, que es la división territorial en el ámbito de la administración de justicia. Además, recientemente se aprobó el presupuesto para su implementación en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

Entre las limitaciones recogidas en el informe se advierte el poco avance en las labores de interoperabilidad, que es la articulación que debe existir entre los registros de las instituciones. Así, el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA) del Ministerio Público presenta un avance de solo el 46 % en la interoperabilidad con otras instituciones, pese a que constituye una herramienta valiosa para quienes atienden estos casos.

Asimismo, se identificaron limitaciones en el desempeño del personal del sistema, atribuibles a la sobrecarga laboral, jornadas extenuantes y la ausencia de una política de capacitación integral; evidenciándose también que esta situación dificulta que las y los operadores cuenten con las competencias técnicas necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Por ello, en la reunión se insistió en algunas de las recomendaciones formuladas en el informe defensorial que incluyen la necesidad de establecer estrategias para prevenir y atender el Síndrome de Agotamiento Profesional, así como desarrollar un diagnóstico sobre la implementación del Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, cuya creación se encuentra prevista en la Ley 30364, dirigida a prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La mesa de trabajo reunió a representantes del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ministerio del Interior y de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ. En sus palabras, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, resaltó la importancia de que el Estado garantice el acceso a la justicia para las mujeres y fortalezca los servicios de prevención y atención frente a la violencia de género hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Por su parte, la viceministra de la Mujer, Ana Sofía Rodríguez, expresó que el MIMP se encuentra en proceso de actualización del Protocolo Base de Actuación Conjunta (PBAC) y del protocolo de articulación entre los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y las comisarías. A su vez, el director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, Javier Gamero, informó que, en atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, dicha entidad viene coordinando con el Mimp la actualización del currículo de la formación policial a fin de incluir cursos sobre violencia basada en género contra las mujeres.

Finalmente, durante el encuentro las autoridades manifestaron su preocupación ante la falta de recursos y la alta carga laboral que enfrentan las instituciones involucradas. En ese contexto, hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para reprogramar el cronograma de implementación del SNEJ y considerar la incorporación del Ministerio de Salud como entidad integrante del sistema, con el fin de mejorar la atención integral a las víctimas.