Defensoría del Pueblo hace un llamado a las autoridades a reforzar las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil en el Perú

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por la persistencia del trabajo infantil en el país, práctica que priva a niñas, niños y adolescentes de su derecho a una infancia segura, saludable y plena.

De acuerdo con el marco normativo internacional—como la Convención sobre los Derechos del Niño y los Convenios n°138 y n° 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— el trabajo infantil constituye una grave violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, al afectar su salud física y mental, interrumpir su educación, y vulnerar su integridad y desarrollo.

En el Perú, la Constitución Política y el Código del Niño y del Adolescente establecen una protección especial para los niñas, niños y adolescentes, así como establece límites precisos respecto a la edad y condiciones en las que pueden trabajar. No obstante, datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI muestran que aún persiste una preocupante proporción de adolescentes que trabajan, sobre todo en zonas rurales, donde las condiciones de pobreza y falta de acceso a servicios educativos de calidad agravan esta situación.

La deserción escolar está asociada al trabajo infantil, miles de niños están obligados ha dejar los centros educativos y dedicarse de manera exclusiva a las actividades laborales, todas informales y asociadas muchas veces al crimen.

El trabajo infantil genera un ciclo sin fin de pobreza, limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional; además, expone a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia y explotación, como la trata de personas, el trabajo forzoso y los abusos físicos y psicológicos.

En ese sentido, el Estado peruano y a los gobiernos regionales y locales a reforzar y articular sus acciones para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, en especial en sus formas más peligrosas, en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes a fin garantizar el acceso integral a la educación, salud, protección y a un entorno familiar y comunitario libre de violencia con condiciones adecuadas para que niños, niñas y adolescentes crezcan en dignidad.

Asimismo, resulta necesario se implemente y ejecute de forma efectiva las políticas públicas como la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, así como los lineamientos del Modelo Municipal de Detección y Erradicación del Trabajo Infantil.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir vigilante del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como también contribuir desde en la prevención y erradicación del trabajo infantil; pues el futuro del desarrollo de nuestro país depende de una niñez y adolescencia libre, protegida y con oportunidades para desarrollar al máximo su potencial.