Defensoría del Pueblo: Loreto, Arequipa y La Libertad concentraron cuatro nuevos conflictos sociales reportados en mayo

La Defensoría del Pueblo publicó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 255, correspondiente a mayo, en el que se advierte de cuatro nuevos casos registrados el último mes en las regiones de Arequipa, Loreto y La Libertad, en esta última región, vinculados a los problemas de inseguridad ciudadana en la provincia de Pataz. Además, se da cuenta de 195 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 145 se encuentran activos y 50, en condición de latentes.

Uno de los casos nuevos se registró en la provincia de Caravelí, en Arequipa, luego de que la empresa Intigold Mining denunciara que mineros artesanales ingresaron ilegalmente a su unidad minera, algunos de los cuales operarían sin estar inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Otro nuevo conflicto se localizó en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde mineros artesanales y autoridades locales, así como miembros de las rondas campesinas y de la comunidad, rechazaran la suspensión de las actividades mineras dispuesta por el Ejecutivo con motivo de la ampliación del estado de emergencia en esta localidad.

Además, otros dos nuevos conflictos se reportaron en la región Loreto. Por un lado, en el distrito de Trompeteros, la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes (Fepibacor) solicitó la incorporación de sus bases en el fondo de desarrollo social y en la próxima consulta previa del Lote 8.

De otro lado, las federaciones indígenas de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria (Aidecos) y la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y Samiria (Fecifomas) solicitaron que el distrito de Parinari sea reconocido como “distrito productor de petróleo”; así como su incorporación al Fondo de Desarrollo Social del Lote 8 y su inclusión al siguiente proceso de consulta previa. También, demandaron la remediación de sitios impactados por hidrocarburos en las subcuencas de Yanayaquillo, Huitoyacu y Samiria; así como de los pasivos ambientales en la Reserva Nacional de Pacaya Samiria.

En el último reporte también se revela que, del total de conflictos activos reportados al cierre del último mes, 88 se mantienen en fase de diálogo, 27 en desescalamiento, 17 en fase temprana y 13 en escalamiento. Con relación a la distribución territorial, Loreto continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos sociales, con 29 casos, seguido de Puno (18) y Cusco (17).

En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con 99 casos (50.8 %). Le siguen aquellos por asuntos de gobierno nacional, con 28 casos; y los de tipo comunal, con 20 casos. Además, los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 30.3 % del total de conflictos sociales reportados.

De otro lado, se informó que, del total de casos activos, el 60.7 % son atendidos a través de mecanismos de diálogo. Asimismo, que en mayo se registraron 242 acciones colectivas de protesta. Finalmente, en atención a su labor de gestión de los conflictos sociales, en mayo la Defensoría del Pueblo emitió 20 alertas tempranas a distintas instituciones públicas y privadas para que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades.

Para más información sobre el último Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: