Defensoría del Pueblo pide garantizar servicio alimentario escolar durante proceso de extinción de programa Wasi Mikuna

Tras la decisión adoptada en abril último por el Ejecutivo de disponer la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna, anteriormente denominado Qali Warma, así como de declarar en emergencia el servicio alimentario escolar hasta el próximo 31 de diciembre, la Defensoría del Pueblo requirió información a dicha entidad respecto a las acciones que han sido programadas para garantizar que el proceso de extinción y transición hacia un nuevo modelo de gestión no afecte la seguridad alimentaria y la salud de más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes beneficiarios.

Fue a través de un documento dirigido al director de Wasi Mikuna en que se solicitó que dicha entidad precise aspectos como las medidas de reorganización del personal que han sido implementadas para asegurar las labores de monitoreo y evaluación del proceso de extinción del programa, así como los resultados de las visitas inopinadas a instituciones educativas y locales de proveedores y de los operativos a plantas de elaboración de alimentos que fueron establecidos en la resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que estableció las pautas para el proceso de extinción.

De otro lado, también se requirió información sobre las acciones de seguimiento para asegurar el servicio alimentario escolar sin interrupción, incluyendo ajustes a cronogramas y la adopción de una modalidad de entrega de alimentos e insumos distinta a la actual que garantice la cobertura nutricional y evite el desabastecimiento. Asimismo, se solicitó a dicha entidad brindar información respecto a las acciones implementadas para garantizar que los servicios alimentarios escolares cumplan con reunir los productos establecidos en la canasta alimentaria legal a nivel nacional.

Como se sabe, el sustento para la extinción del programa Wasi Mikuna fueron las persistentes limitaciones estructurales y denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de entrega y manufactura de alimentos, que no podían ser superados mediante ajustes operativos. De esta forma, se impedía cumplir con los estándares mínimos de calidad y seguridad alimentaria requeridos para proteger la salud de la población escolar.

En ese sentido, corresponde a la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de protección de derechos fundamentales y supervisión del cumplimiento de deberes de la administración pública, verificar el cumplimiento de las acciones dispuestas para preservar el derecho a la alimentación adecuada de la población escolar. Al respecto, de acuerdo con la información del propio Midis, en 2024 el programa social atendió a más de 4 167 000 niñas, niños y adolescentes matriculados en más de 65 mil instituciones educativas a nivel nacional.

Cabe recordar que el derecho a la alimentación es un derecho reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos. De otro lado, el derecho constitucional a la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles y modalidades comprende, por mandato del artículo 4 de la Ley 28044, Ley General de Educación, la ejecución de programas de alimentación y de salud, así como la entrega de materiales educativos de calidad.

La Defensoría del Pueblo permanecerá atenta para comprobar que se cumplan con todas las acciones destinadas a garantizar la continuidad y la calidad del servicio alimentario para los escolares durante el 2025. Asimismo, supervisará que la nueva modalidad de entrega evite cualquier desabastecimiento y mantenga los objetivos de los programas enfocados a atender a niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza y vulnerabilidad.