Comunicado: sobre escalamiento de la violencia durante medidas de protesta registradas en la región Loreto
ComunicadoDefensoría del Pueblo hace un llamado a persistir en el diálogo en condiciones pacíficas.
29 de noviembre de 2024 - 10:57 a. m.
Ante el escalamiento de la violencia durante medidas de protesta registradas en diversas zonas de la región de Loreto durante la última semana, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:
- El derecho a la protesta es un derecho humano vinculado con al ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú. Este permite que la ciudadanía pueda expresarse libremente en espacios públicos, para comunicar su desacuerdo, insatisfacción o molestia ante alguna decisión o un estado de cosas que consideran perjudiciales a su interés o contrarios a sus ideas o creencias.
- El ejercicio del derecho a la protesta debe darse en condiciones pacíficas. En ningún caso la protesta debe afectar derechos de terceros, afectar la tranquilidad social, o causar daño a la propiedad pública o privada. Es responsabilidad de todos los participantes contribuir al desarrollo de una medida pacífica, en respeto a la Constitución y a la ley.
- El bloqueo de las vías fluviales que, en muchos casos son la única vía de transporte y comunicación entre comunidades, puede generar afectación al derecho a la vida, al impedir la debida atención de la salud de las personas, a la educación, la alimentación, entre otros. La retención de personas en contra su voluntad se constituye en un acto ilegal que afecta el derecho al libre tránsito y también la integridad física y psicológica de los ciudadanos retenidos.
- Por otro lado, la falta de remediación ambiental en los sitios afectados por la explotación petrolera en la Amazonía, la atención insuficiente sobre los pasivos ambientales y el incumplimiento de los compromisos por parte de las entidades estatales agravan la situación, por lo que es necesaria la conformación de un grupo de trabajo enfocado en atender estas problemáticas
- El Estado debe garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la recuperación territorial y honrar sus compromisos con las comunidades afectadas. Es urgente un enfoque integral y un diálogo constante con las comunidades, respetando el derecho de los pueblos indígenas, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Reiteramos que la Defensoría del Pueblo hace un llamado a persistir en el diálogo en condiciones pacíficas, sin medidas violentas que afecten los derechos fundamentales y constitucionales de la ciudadanía, así como la urgente atención del Estado con medidas efectivas, actuando con la debida diligencia y prontitud para el cese de las problemáticas que afectan a la población de nuestra Amazonía.