Defensoría del Pueblo anuncia el inicio del diálogo entre los mineros en proceso de formalización y el Poder Ejecutivo
Nota InformativaLa Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública, que no hace sino exacerbar el escalamiento de mayor convulsión social.

11 de julio de 2025 - 7:45 p. m.
Después de diversas reuniones sostenidas con los representantes de los distintos gremios de la pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización, así como con el Poder Ejecutivo, expresamos lo siguiente:
- Saludamos la gestión de los dirigentes gremiales que, luego de sostener la reunión con la Defensoría del Pueblo en su sede central, el día miércoles 09 de julio, realizaron la consulta a sus respectivas bases a nivel nacional, a fin de reaperturar las vías bloqueadas y así dar inicio al proceso de diálogo con el Poder Ejecutivo.
- Saludamos la predisposición del Poder Ejecutivo de dar inicio al proceso de diálogo, el cual permitirá superar los impases técnicos legales a fin de poder formalizar a miles de conciudadanos que se encuentran en la actividad de la pequeña minera y minería artesanal.
- Condenamos todos los actos de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza pública, que no hace sino exacerbar el escalamiento de mayor convulsión social.
- Apostamos por la formalización real, sostenible y permanente de la actividad minera, en el marco del respeto a la ley y los derechos fundamentales, en ellas:
- Formalización laboral.
- Pago de impuestos.
- Proscribir la trata de personas y toda forma de explotación y violencia en las comunidades mineras.
- Cumplimiento de los estándares ambientales.
5. La Defensoría del Pueblo distingue a la minería en proceso de formalización, de la actividad minera ilegal asociada con una grave afectación a los pueblos indígenas, la biodiversidad, ecosistemas y sitios arqueológicos, lo que resulta un atentado a la humanidad.
Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso institucional de continuar acompañando y mediando en este proceso, en el rol de garante de los derechos fundamentales, promoviendo siempre el diálogo como la vía legítima y efectiva para la solución de los conflictos sociales.