Defensoría del Pueblo participó en audiencia del TC sobre seguridad jurídica de las licencias de construcción de viviendas en Miraflores

La Defensoría del Pueblo participó en la audiencia convocada por el Tribunal Constitucional (TC) para sustentar los argumentos expuestos en la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, por la publicación de la Ordenanza 610/MM, que dispuso suspender las licencias de construcción de viviendas que contaron con informes técnicos favorables, emitidos por revisores urbanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; mientras que, paralelamente solicitaba a este organismo que declare su nulidad.

Al respecto, se manifestó que la medida de suspensión adoptada por el municipio carece de sustento legal y vulnera los principios constitucionales a la seguridad jurídica, legalidad y prohibición a la arbitrariedad, así como los derechos fundamentales de acceder a una vivienda digna, al trabajo, a la libertad de empresa, entre otros.

Además, recordó que la ordenanza municipal no ha tomado en cuenta lo dispuesto por el TC en la sentencia 302/2023, publicada el 21 de junio de 2023, donde fijó que la zonificación, planeamiento urbano y determinación de la altura máxima de edificaciones son competencias municipales exclusivas, pero que la decisión “no alcanza a los actos que se hubiesen llevado a cabo en el pasado”, ya que podría afectar los derechos legítimos de terceros generados por el principio de la buena fe.

“La Defensoría del Pueblo está a favor del mejoramiento del distrito, la residencialidad y el adecuado diseño urbano para que los vecinos disfruten de sus derechos y la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, consideramos también que ello no puede garantizarse sacrificando otros principios constitucionales y derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución», expresó Elizabeth Zea, adjunta en Asuntos Constitucionales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo invocó al TC a dictar una sentencia en el más breve plazo, tutelando los derechos fundamentales de varias familias que adquirieron una vivienda, así como los derechos de los trabajadores que se han visto afectados por la paralización de las obras.