Defensoría del Pueblo realiza supervisión tras derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano, en la cuenca del Pastaza

La Defensoría del Pueblo solicitó, mediante oficio, a Petroperú activar inmediatamente acciones eficaces para remediar el daño ambiental causado por el derrame de petróleo, ocurrido el pasado 3 de octubre, en el kilómetro 11 del Oleoducto Norperuano, en Nuevo Andoas, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón.

El 8 de octubre, la jefa (e) de la Defensoría del Pueblo de Loreto, Lisbeth Castro, participó en una visita a la zona afectada, junto con representantes de la municipalidad de Andoas, OEFA, la congresista Rocío Torres, los apus y comuneros de la zona, en donde se pudo advertir la existencia de dos mallas de contención sin personal a cargo. Asimismo, en el recorrido fluvial se observó contaminación persistente, con restos de petróleo en varios tramos del río Pastaza.

De la misma manera, se constató la presencia de películas iridiscentes en la superficie del agua y redes de pesca contaminadas con petróleo. Cabe indicar que, según los pobladores, continúa la filtración de remanentes desde el ducto ubicado en el lecho del río. Por su parte, Petroperú ha informado que el derrame ocurrió durante pruebas de presurización previas a la entrega del Lote a un nuevo operador.

Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que no se haya previsto medidas de contingencia adecuadas, considerando que en el año 2018 ocurrió un incidente similar en la misma ubicación. Es preciso señalar también que, la normativa ambiental vigente exige la activación inmediata del plan de contingencia, pero esto no ocurrió y aproximadamente 20 comunidades nativas afectadas no han recibido apoyo de Petroperú.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo también ha solicitado a Petroperú proporcionar ayuda humanitaria urgente a las comunidades afectadas y compensar a los pobladores cuyo sustento diario depende del río Pastaza y afluentes.

“Este derrame de petróleo crudo no es un hecho aislado. Por diferentes motivos el Oleoducto Norperuano viene siendo el escenario de diversos derrames de petróleo crudo. En ese sentido, también hemos solicitado tanto al OEFA, como a Osinergmin, que en el marco de sus competencias y funciones, fiscalicen a Petroperú, a fin de que esta empresa mejore significativamente el cumplimiento de sus obligaciones técnicas, ambientales y sociales en lo relacionado al transporte de hidrocarburos”, añadió la adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Rosa Chacón.

Del mismo modo, informó que se ha solicitado al Ministerio Público que inicie las investigaciones del caso, para determinar la responsabilidad en este evento. Sin perjuicio de ello, se instó al Ministerio del Ambiente que evalúe de oficio la aprobación de la declaratoria de emergencia ambiental, a fin de que este desastre sea atendido de manera articulada e inmediata, a través de las distintas autoridades involucradas.

Para la Defensoría del Pueblo también resulta preocupante la ausencia de entidades clave como la Autoridad Local del Agua (ALA), Dirección General de Salud Ambiental, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y Gerencia Regional de Salud de Loreto, desde el momento que ocurrió el hecho, por lo que se invoca a las autoridades de estas instituciones acudir a la zona afectada para trabajar articuladamente en la remediación del impacto ambiental y social.

«Es inaceptable que después de una semana del incidente, las comunidades afectadas sigan sin recibir la atención necesaria. El derecho a un ambiente sano y al acceso a recursos básicos para la subsistencia son fundamentales y deben ser garantizados», añadió la representante de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, se recomendó al Gobierno Regional de Loreto coordine el apoyo técnico a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Andoas para proceder al registro de las personas afectadas y damnificadas por esta situación, por cuanto no se ha registrado esta información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación – SINPAD v2.0, el cual facilitará la entrega de ayuda humanitaria por parte de los distintos niveles de gobierno.

La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante de la implementación de las acciones que deben implementar las autoridades de locales, regionales y nacionales para atender esta preocupante problemática que afecta los derechos de las personas y al medio ambiente en Andoas.