Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio Público y a la PNP atender oportunamente a víctimas de violencia sexual en Loreto

Tras conocer la demora en las que se incurrió en la atención de la denuncia de un caso ocurrido en el Hospital Regional de Loreto, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto recomendó a la Junta de Fiscales Superiores de la región y a la Región Policial de Loreto adoptar las acciones que sean necesarias para que se garantice una adecuada y oportuna atención a las víctimas de violencia sexual.

En efecto, al realizar la supervisión respecto a las actuaciones efectuadas por personal de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público con relación a la denuncia formulada por violencia sexual, comisionados de dicha oficina defensorial verificaron que personal policial y fiscal no cumplió con la debida diligencia y no actuó con celeridad, al recibir la denuncia por violencia sexual correspondiente, no se realizaron los actos de investigación inmediatas, como el reconocimiento médico legal de integridad sexual, no se aplicó la ficha de evaluación de riesgo a la víctima, ni se realizaron actuaciones para la identificación y búsqueda del denunciado y otras diligencias necesarias.

Ante ello, el jefe de la oficina defensorial, Abel Chiroque, demandó de la Junta de Fiscales Superiores y a la Región Policial de Loreto el inicio de las investigaciones respectivas y se determinen las responsabilidades administrativas del personal fiscal y policial que ocasionaron las demoras en la atención de este caso.

Asimismo, para evitar situaciones similares les recomendó la capacitación continua a los fiscales y efectivos policiales sobre los alcances de la Ley n.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como la normativa procesal aplicable supletoriamente; recordándoles sus funciones, responsabilidad funcional y administrativa en caso de incumplimiento de sus deberes.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo indicó que hará seguimiento a este y otros casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, a fin que se garantice el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia desde la presentación de las denuncias, su atención, el proceso de investigación y sanción correspondiente.