Defensoría del Pueblo impulsa acciones ante presunta minería ilegal que afecta recursos forestales e hídricos en distritos de Santo Domingo

El módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María hizo un llamado urgente a la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos Sociales del Gobierno Regional de Huánuco para que convoque a una reunión extraordinaria sobre la problemática ambiental que viene ocasionando la actividad minera de manera integral a partir de aspectos vinculados al impacto negativo en el ambiente, entorno social y la comisión de presuntos delitos, en los distritos de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo.

Entre las instituciones que deben ser convocadas al Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales están: la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (DREMH), la Dirección Regional de Agricultura (DRA), la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Tingo María (ATFFS-TM), Autoridad Local del Agua (ALA), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la PNP, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), la Sunafil, la Sunat y el OEFA.

Al respecto, Jorge Mendoza, coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María, explicó que tras participar en una reunión organizada por la sociedad civil se le informó sobre las presuntas afectaciones que se estarían produciendo como consecuencia de la intervención de la empresa Minera Huallaga S. A. C.

Ante ello, se solicitó información a la ATFFS-TM sobre las acciones dispuestas en la zona, quienes indicaron que realizaron una visita de inspección el domingo 8 de septiembre y que estaban trabajando en el informe respectivo. Asimismo, se pidió al OEFA Huánuco informar sobre las acciones de fiscalización a la DREMH.

“El OEFA nos informó que la denuncia estaba en el Servicio de Información Nacional y Denuncias Ambientales (Sinada) pendiente de calificación. De igual forma, nos comunicamos con el fiscal especializado en materia ambiental de Leoncio Prado y se programó una inspección el 10 de setiembre junto con la Administración Local del Agua”, precisó Mendoza.

Por otro lado, el representante de la Defensoría del Pueblo señaló que ha solicitado a la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco (DREMH) información que permita deslindar si las actividades mineras denunciadas corresponden a minería ilegal o informal. En particular, se ha requerido que la DREMH aclare la situación del derecho minero registrado por Minera Huallaga S.A.C. en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ya que, según datos oficiales, uno de los derechos vinculados, con código 010101612, no se encontraría vigente desde marzo de 2024, aspecto clave para determinar la legalidad de las actividades en curso. Así como, sobre la vigencia del derecho minero de Minera Huallaga S.A.C. y la situación actual de su inscripción en el Reinfo con la que dicha empresa justifica el desarrollo de sus actividades.

Sin perjuicio de la información requerida, la Defensoría del Pueblo acudió el 10 de setiembre, como se había acordado, con la FEMA de Leoncio Prado, constatando, in situ, que los impactos ambientales en la zona son evidentes, con la destrucción de áreas forestales y la alteración de fuentes hídricas debido a la acumulación de tierras.

Además, se encontró un campamento en pésimas condiciones y con posibles riesgos para la salud y seguridad del trabajo, por lo que se trasladó el caso a la Sunafil para las acciones de fiscalización correspondientes. También se pidió información a la Sunat sobre las acciones de fiscalización de insumos químicos a la empresa minera.

Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, se ha convocado una reunión para el lunes 16 de septiembre próximo, en la que participarán la sociedad civil y las entidades competentes, como el gobierno local y las instituciones ambientales, con el objetivo de articular medidas conjuntas para detener los daños y garantizar la correcta supervisión de las actividades mineras en la zona.

La Defensoría del Pueblo continuará atenta al desarrollo de las intervenciones de las instituciones correspondientes, a fin de que no se continúe afectando el medio ambiente y los recursos naturales de la ciudad.