Defensoría del Pueblo exhorta al Estado a brindar presupuesto para reparar a víctimas de periodo de violencia 1980 – 2000

Al conmemorarse el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo, la Defensoría del Pueblo recuerda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) la necesidad de contar con una política nacional de reparación para las víctimas del periodo de violencia 1980-2000, así como de una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas, a fin de cumplir con brindar reparación y verdad a las víctimas y a sus familiares.

Cabe indicar que, en las décadas comprendidas entre los años 1980 y 2000, nuestro país vivió uno de los contextos de violencia más prolongados, que enlutó a más de 237 mil familias. De acuerdo al Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Minjusdh, se encuentran registradas como víctimas 234 877 civiles, 1193 policías y 1488 miembros de las Fuerzas Armadas.

Como respuesta a lo ocurrido, en 2005 se aprobó la Ley 28592, Ley que crea el plan integral de reparaciones (PIR). De igual manera, en 2015 entró en vigencia la Ley 30470, Ley que búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. Además, actualmente se cuenta con el Plan de búsqueda de personas desaparecidas al 2030, sin embargo este no se puede ejecutar a cabalidad por falta de presupuesto.

Para la Defensoría del Pueblo, si bien el tema debe ser tratado como prioridad por el Estado, a fin de brindar reparación y justicia a los familiares de las víctimas, los esfuerzos hasta el momento son insuficientes pues no se brinda el presupuesto que se requiere para la ejecución de los distintos instrumentos.

Así lo advirtió el jefe del Programa de Investigaciones Especiales en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Martín Grados, quien informó que la institución ha colaborado en la implementación de la Comisión multisectorial de naturaleza temporal para la atención de víctimas del periodo de violencia 1980-2000 en temas de vivienda y del Grupo de trabajo multisectorial encargado de elaborar la actualización del Plan multianual de reparaciones de educación para las víctimas de la violencia en el Perú (Repaeduca).

No obstante, precisó que en ambos espacios se han aprobado documentos para mejorar el acceso habitacional y la reparación en el ámbito educativo, pero hasta la fecha no son aprobados por los sectores correspondientes. “Considerando los antecedentes, es necesario que el Estado implemente un sistema de reparación a las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, como una medida preventiva de atención a las personas agraviadas en los distintos contextos de violencia que puedan surgir en el futuro”, sostuvo Grados.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la institución de continuar con la labor de asistencia y acompañamiento a las víctimas, y de seguimiento y supervisión a las medidas que tomen las instituciones respecto a la reparación y búsqueda de personas desaparecidas.