Pasco: DP advierte que mayoría de colegios, comisarías y centros de salud tienen extintores vencidos o no cuentan con dichos equipos

Nota Informativa
En algunos casos la fecha de vencimiento de extintores data de 2015, por lo que no podrían ser utilizados para sofocar algún incendio.
En los documentos, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó la obligación que tienen las instituciones públicas de dar cumplimiento al principio protector de la persona humana como el fin supremo de la gestión del riesgo de desastres, tal como se encuentra establecido en la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.

16 de agosto de 2024 - 4:35 p. m.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Pasco dio a conocer los resultados de la supervisión a un total de 172 instituciones públicas ubicadas en diferentes puntos de esta región, entre las que se encuentran colegios, comisarías y establecimientos de salud, de las cuales más del 70 % carecen de extintores o los equipos con que cuentan han caducado incluso hace 9 años, poniendo en grave riesgo la integridad de sus trabajadores así como de miles de estudiantes y personas que acuden diariamente, ante la incapacidad de poder contener cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse por incendio.

De acuerdo a los resultados de la supervisión, que tuvo como uno de sus objetivos verificar el estado de la infraestructura de diversos locales públicos, se pudo advertir que 70 de 102 planteles supervisados presentan deficiencias vinculadas a la falta de extintores o a la recarga de los mismos. En algunos casos, la última vez que se dio mantenimiento a los extintores fue en 2015, por lo que no podrían ser utilizados para sofocar cualquier incendio o amago de fuego. Esta situación pudo detectarse en las instituciones educativas 34074, 34295 y 34099 Andrés Avelino Cáceres, ubicadas en los distritos de Ninacaca, Huachón y Ticlacayán, respectivamente.

No obstante, esta situación resulta más crítica si se considera que muchos de estos colegios albergan a una importante población estudiantil. En el caso de la institución educativa 35033 Mariano Melgar, ubicada en el distrito de Huariaca, estudian 600 alumnos; mientras que los colegios José Carlos Mariátegui y 34045, en Tinyahuarco, congregan a 200 estudiantes, cada uno. Por su parte, las instituciones educativas 34007 y 34005, del distrito de Huachón, tienen a una población total de más de 350 estudiantes.

La supervisión también comprendió a 59 establecimientos de salud de la región, de los cuales 43 no tienen o cuentan con extintores vencidos. De esta cifra, el mayor número se encuentra en la provincia de Pasco, seguida de las provincias de Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. Por su parte, de un total de 11 comisarías supervisadas, se pudo verificar que ocho presentan deficiencias vinculadas a sus extintores.

Para la Defensoría del Pueblo, lo advertido resulta grave si se considera que la mayoría de instituciones públicas supervisadas, tanto colegios, comisarías como establecimientos de salud, se ubican en localidades alejadas de la ciudad de Cerro de Pasco, donde funciona la única compañía de bomberos que atiende a 21 distritos de las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión. Así lo expresó Raquel Álvarez, representante de la institución, quien señaló que, en algunos casos, las localidades se encuentran a dos horas de distancia, lo que dificultaría el traslado inmediato para sofocar cualquier incendio.

Álvarez también informó que, tras los hallazgos, representantes de las instituciones supervisadas manifestaron que no cuentan con presupuesto para la adquisición de extintores o la recarga de los mismos, por lo que priorizarán estos gastos para el 2025. Ante ello, exhortó a las direcciones regionales de Salud y Educación, así como a la Región Policial de Pasco, a disponer medidas de fiscalización inmediatas dirigidas a subsanar estas deficiencias y garantizar, de esta manera, la seguridad e integridad de las personas que trabajan en cada uno de los locales supervisados y de la población que acude a los mismos.

En los documentos, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó la obligación que tienen las instituciones públicas de dar cumplimiento al principio protector de la persona humana como el fin supremo de la gestión del riesgo de desastres, tal como se encuentra establecido en la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.