Defensoría del Pueblo demanda conformación de mesa de alto nivel liderada por el Ejecutivo ante conflicto socioambiental en Huanta

A tres días del cierre total de actividades en la provincia de Huanta, en Ayacucho, debido al paro indefinido convocado por diversos colectivos en contra las actividades mineras en la cabecera de cuenca de la cordillera de Razuhuillca, que constituye la fuente de agua en esta ciudad, la Defensoría del Pueblo requirió al Ejecutivo la conformación de una comisión de alto nivel para atender las demandas de la población y evitar que el conflicto socioambiental continúe en escalamiento.

A través de un pedido dirigido a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la entidad comunicó algunas de las demandas de la población que han motivado la medida de fuerza que viene afectando a la ciudad de Huanta desde el último lunes, referidas principalmente al rechazo total de las actividades mineras y el cese definitivo de todas las operaciones mineras existentes en esta provincia, así como la declaración de la cabeceras de cuenca de Razuhuillca como zona intangible y protegida.

En el documento se precisa la urgencia de instalar una mesa de diálogo a nivel del Ejecutivo debido a la falta de cumplimiento de distintos compromisos. En ese sentido, se señala la importancia del diálogo para evitar posibles vulneraciones a los derechos fundamentales, así como un escalamiento de la situación actual de conflictividad que se vive en Huanta.

Cabe indicar que el conflicto contra cualquier operación minera en la cordillera de Razuhuillca se originó hace siete años, debido a la denuncia de actividades mineras formales e informales en esta zona que abastece de agua a la provincia de Huanta y los posibles impactos ambientales que podrían generar dichas actividades en la contaminación del agua y el aire, lo que además podría afectar a la agricultura local y a los recursos naturales de la zona.

No obstante, el presunto incumplimiento de algunos compromisos asumidos entre las autoridades locales y el Frente de Defensa para el Desarrollo de Huanta habría llevado a la movilización actual, que ha motivado la paralización total de actividades en esta provincia y al bloqueo de todas las vías de ingreso y salida de la ciudad. Ello motivó el despliegue de personal de la sede defensorial en Huanta para que se atienda a madres lactantes, personas con discapacidad y niños que se encontraban en los ómnibus interprovinciales varados que se dirigían a otras localidades.

Al respecto, el coordinador de dicha sede, Richard Olivera, informó que fue la intermediación de la Defensoría del Pueblo ante los manifestantes lo que permitió que la población vulnerable fuera trasladada al terminal terrestre de Huanta para ser atendida y se facilitara que los vehículos en los que viajaban pudieran continuar su camino. Por su parte, en Huamanga, personal de la Oficina Defensorial en Ayacucho se movilizó por distintos puntos de la ciudad para supervisar que se garantice el derecho a la protesta pacífica de alrededor de 3000 ciudadanos que se trasladaron a la capital de región para protestar ante la sede del gobierno regional.

La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el desarrollo de todas las acciones que se adopten para poner fin a este conflicto, así como al cumplimiento efectivo de los acuerdos que se asuman con la población.