Defensoría del Pueblo registró en junio siete nuevos conflictos sociales

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 244, correspondiente al mes de junio de 2024, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 212 conflictos sociales registrados (164 activos y 48 latentes). Del total de casos activos, hay 89 conflictos en fase de diálogo (54.3%), 49 en desescalamiento, 11 en fase temprana, 14 en escalamiento y uno en situación de crisis.

Con relación al mes anterior se registraron siete casos nuevos en las regiones de Áncash, Ayacucho, Cusco, Junín y Loreto. Según la tipología, tres son por asuntos que atañen a los gobiernos regionales, dos por asuntos del gobierno nacional y dos de tipo comunal. Respecto a la fase en la que se encuentran, uno está en crisis, uno permanece en escalamiento y cinco se encuentran en etapa de diálogo.

En el último mes se resolvieron dos conflictos. Un caso por asuntos de gobierno local involucró a la población del distrito de Huandoval, en Pallasca (Áncash), que cerró las instalaciones de la municipalidad distrital hasta que se defina la situación legal de la autoridad edil. Tras la mediación realizada por la Defensoría del Pueblo, se restablecieron los servicios municipales, se reabrió el antiguo local municipal y el acervo documentario se puso a disposición de la nueva gestión.

El otro caso fue protagonizado por los trabajadores de la empresa Agroindustral Pucalá S.A.A. Sobre este último, se constató que actualmente la empresa cuenta con una administración concursal desde el 10 de noviembre del 2022, fecha en la que la junta de acreedores designó a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como entidad administradora.

Debido a la inactividad prolongada de acontecimientos y a la no participación de actores sociales en el contexto del conflicto, un caso por otros asuntos en el departamento de Huancavelica fue retirado del reporte.

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (33 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21), Puno (18) y Apurímac (13), que equivalen al 40.1 % del total de conflictos sociales a nivel nacional.

En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos con 117 casos (55.2 %); no obstante, es la menor cifra de los últimos cinco años. Los conflictos comunales son el segundo tipo más frecuente, con el 11.8 % (25); le siguen los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con 10.8 %, y los conflictos por asuntos de gobierno regional, con 9.0 %. Por su parte, los conflictos socioambientales vinculados a la minería representan el 34.9% del total de conflictos sociales reportados.

Del total de casos activos, el 54.3 % (89 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. De ellos, el 74.2 % (66 casos) corresponde a casos socioambientales. De los 62 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en estado activo, el 71.0 % está en fase de diálogo.

Se registraron 268 acciones colectivas de protesta en el mes de junio. Del total, el 55.6 % fueron plantones o concentraciones y el 23.5 % fueron marchas. Los lugares que registraron mayor número de protestas fueron Lima Metropolitana (38), Arequipa (26), Piura (20), Puno (20) y Cajamarca (15).

Además, en junio se registraron 21 personas heridas en el contexto de conflictos sociales. Cinco de estas personas (dos civiles y tres policías) resultaron heridas en el marco del desalojo de los comerciantes de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios llevado a cabo por el Gobierno Regional de Cusco. Igualmente, las protestas de las comunidades campesinas de Canipaco contra el Gobierno Regional de Junín originó la intervención de la Policía Nacional, registrándose un enfrentamiento entre los efectivos policiales y los manifestantes en el que resultaron heridos 16 civiles.

Cabe indicar que, en atención a la evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envió al Estado, empresas y a la sociedad 15 alertas tempranas para que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 7 fueron casos nuevos, uno fue un caso activo y 7 fueron casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Finalmente, en junio la Defensoría del Pueblo realizó 251 actuaciones defensoriales, de las cuales 195 correspondieron a acciones de supervisión preventiva; 48, a intermediación; 7, a acciones humanitarias y una acción de defensa legal.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: http://www.defensoria.gob.pe/documentos/reporte-mensual-de-conflictos-sociales-n-o-244-junio-2024/