Defensoría del Pueblo expresa preocupación por proyecto de ley que crea el delito de difusión de información fiscal

Nota de prensa
• El Estado debe garantizar que los medios de comunicación puedan ejercer su labor y que la ciudadanía sea debidamente informada sobre asuntos de interés público.
Fachada de la Defensoría del Pueblo

30 de junio de 2022 - 8:57 a. m.


La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el anuncio de la presentación de un proyecto de ley que plantea sancionar penalmente a quien revele información sobre investigaciones fiscales. Para la institución, esta propuesta buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.

En reiteradas ocasiones, la Defensoría del Pueblo ha resaltado la importancia de los medios de comunicación en el sistema democrático y la obligación del Estado de respetar su labor e independencia. En consecuencia, resulta indispensable asegurar condiciones mínimas que permitan a la prensa ejercer su labor a cabalidad, ya que de esa manera se garantiza que la ciudadanía se mantenga informada y se fomente su participación en el debate público.

Tales condiciones no podrían ser alcanzadas en contextos en los que se criminaliza la divulgación de información fiscal, en tanto amedrenta a las fuentes periodísticas, evitando o dificultando que la prensa acceda a información fidedigna sobre asuntos de relevancia e interés público.

Si bien la norma establece que toda investigación fiscal es de carácter reservado, ello debe ser ponderado en función a los principios y derechos que son la base de un sistema constitucional democrático, como los principios de transparencia y de máxima publicidad de las actuaciones del Estado, así como también de las libertades de expresión e información. 

En atención a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera irrazonable la aprobación de una ley penal que afecte los derechos aludidos. Por ello, solicita al Poder Ejecutivo que descarte la presentación de esa iniciativa y que fomente la aprobación de normas que aseguren la labor periodística.