Defensoría del Pueblo solicitó información sobre proceso de evaluación de procuradoras/es públicas/os

Nota de prensa
• A través de oficio dirigido a la procuradora general del Estado se busca conocer los resultados de los procesos de evaluación.
Fachada de la Defensoría del Pueblo

28 de junio de 2022 - 1:33 p. m.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, brindar información sobre las normas que regulan los procesos de evaluación de las/los procuradoras/es públicas/os, así como reportar quiénes han pasado por este proceso y los resultados que obtuvieron.  

Como se recuerda, la novena disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1326 dispone que las/los procuradoras/es públicas/os designadas/os, conforme al derogado Decreto Legislativo 1068, se mantendrán en sus cargos hasta la implementación de los procesos de evaluación para la designación de procuradoras/es. 

Ahora bien, la Procuraduría General del Estado estaría evaluando a las/los actuales procuradoras/es públicas/os para determinar su continuidad en el cargo. Esta actuación, de llevarse a cabo sin observancia de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1326 o bajo una lectura aislada de su reglamento, sería contraria a la autonomía que ostentan estas/os funcionarias/os para el desarrollo de sus funciones.      

La Defensoría del Pueblo recuerda que una de las principales preocupaciones del Decreto Legislativo 1326 era brindar mayor autonomía a las/los procuradoras/es públicas/os, de modo que su actuación no responda a injerencias internas o externas, sino al análisis objetivo de los casos a su cargo, desempeñando su función de manera independiente en la defensa de los intereses del Estado y no del Gobierno.

En línea con lo señalado, el pedido institucional responde a la necesidad de “fortalecer la independencia y autonomía de las/los procuradoras/es públicas/os, con la convicción de que la defensa de los intereses del Estado redundará en un mayor disfrute de los derechos fundamentales de la ciudadanía”, se indica en el oficio enviado por la defensora del pueblo, Eliana Revollar.