Defensoría del Pueblo: Fiscalía y PNP en Ucayali deben actuar con la debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual hacia niñas

Nota de Prensa
Tras intervención de sede defensorial se logró programar evaluación psicológica a favor de víctima, una niña de 11 años y el traslado de atestado policial a juzgado de familia de turno.

Fotos: Defensoría del Pueblo

1 de octubre de 2021 - 4:39 p. m.

Nota de Prensa n.° 1305/OCII/DP/2021

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali recordó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) la obligación que tienen ambas entidades de actuar con la debida diligencia reforzada en los casos de violencia sexual hacia niñas, niños o adolescentes, a fin de que se adopten acciones rápidas e inmediatas y se realicen las diligencias de manera célere a favor de las víctimas, entre ellas el otorgamiento de medidas de protección.

El exhorto fue hecho luego de que la intervención de la sede defensorial permitiera que las autoridades de la División Médico Legal de Ucayali, institución que depende del Ministerio Público, y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la PNP, pudieran activar los mecanismos de protección inmediatos a favor de una niña de 11 años que habría sido víctima de violación sexual por parte de su profesor particular, en el distrito de Manantay.

Según informó la madre de la niña, tras denunciar el hecho, el establecimiento policial solicitó la evaluación psicológica a cargo de la División Médico Legal de Ucayali, la misma que pretendió programar dicho procedimiento para marzo del próximo año. Al conocer el caso, personal de la Oficina Defensorial de Ucayali se trasladó a la sede policial donde pudo constatar, además, que la denuncia había sido comunicada a la fiscalía tres días después de que fuera interpuesta. Asimismo, que omitió en trasladar el caso al juzgado de familia de turno para la obtención de las medidas de protección a favor de la víctima, pese a que dicho procedimiento está establecido en la normatividad legal vigente.

Ante ello, la intervención de la Defensoría del Pueblo permitió que la sede médico legal de Ucayali programara en el día la pericia psicológica a la víctima y se efectúe la misma. Asimismo, tras exigir el cumplimiento de sus funciones, se logró que las autoridades policiales comuniquen el caso al juzgado de familia de turno.

Paralelamente, personal de la sede defensorial acompañó a la víctima al Centro de Salud La Florida, donde recibió atención médica gratuita a través del kit de emergencia; y coordinó con el Centro Emergencia Mujer para que la niña y su madre recibieran asistencia legal, psicológica y social. Así también, se solicitó a la atención especializada en el ámbito educativo en el plantel donde recibía clases escolares de manera remota.

Tras culminar todas las acciones y atenciones inmediatas a favor de la víctima y exigir la máxima sanción contra el presunto autor del hecho, la jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali, Katheryne Chamoly, precisó que situaciones similares no pueden volver a repetirse, pues aumentan la situación de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. En ese sentido, subrayó la obligación que tienen las autoridades policiales en derivar el atestado policial al Ministerio Público y al juzgado de familia de turno en un plazo no mayor a 24 horas.

“Para la atención de un caso de violencia, tratándose de niñas, niños o adolescentes, las acciones deben ser integrales y articuladas de forma que se garantice el derecho al acceso a la justicia, salud y continuidad educativa; asimismo, cabe recordar a las autoridades y población en general, que ellos son plausibles de una protección especial, priorizando siempre su interés superior en todas las decisiones y medidas que les afecten, procurando siempre la debida diligencia en la atención de casos de violencia, conforme lo señalan los instrumentos normativos nacionales e internacionales”, precisó la representante de la Defensoría del Pueblo en la región al señalar que su despacho continuará vigilante en el cumplimiento de las obligaciones que le compete a cada sector.