Medidas de contención ante segunda ola deben ser focalizadas regiones deben establecer medidas ad hoc a la situación sociosanitaria

Defensoría del Pueblo

Comunicado N° 03/DP/2021

Ante el anuncio del Poder Ejecutivo sobre las medidas restrictivas orientadas a disminuir los contagios de COVID-19 en función del uso de cuatro categorías para clasificar el nivel de riesgo en el contexto de la pandemia, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

Coincidimos con el Poder Ejecutivo en la necesidad de distinguir la situación de riesgo sanitario mediante el uso de indicadores que permitan hacer una distinción entre los niveles moderado, alto, muy alto y extremo. Dicho poder del Estado debe explicar cuáles son los indicadores utilizados para su evaluación y cuál es la prioridad que asigna a cada uno de ellos.
Si bien esta evaluación del riesgo ha tenido una mirada regional, es necesario que no solo se tome en cuenta información del nivel departamental sino también del provincial y distrital. La evaluación del riesgo así como las medidas de contingencia sanitaria deben tener un enfoque territorial.
De otro lado, observamos con preocupación y -lo hemos alertado en su momento- que existen diferencias significativas entre los datos sanitarios que reporta el Gobierno nacional y los gobiernos regionales en sus portales estadísticos (salas situacionales). Ello, debe ser corregido en aras de contar con datos integrados y confiables que respondan a la realidad del país.
Con relación a las restricciones de los derechos de las personas, en función de los niveles de riesgo, consideramos que deben ser focalizadas y estar fundamentadas en motivos que den muestra de la razonabilidad de dichas medidas.
Asimismo, tales medidas deben emitirse procurando la mayor legitimidad posible, mediante el diálogo, basado en indicadores, entre las autoridades nacionales, regionales y locales. Cabe destacar que la valoración sobre los riesgos y las medidas de contingencia no debe ser subjetiva sino objetiva y basada en indicadores sanitarios, económicos y sociales.
Al respecto, en una consulta realizada recientemente por nuestra institución a los funcionarios regionales de salud, 11 informaron sus observaciones a la calificación que ha realizado el Gobierno nacional sobre la situación del riesgo sanitario. Las regiones de Arequipa, Madre de Dios y Tumbes revelaron que el nivel de riesgo sanitario emitido por el Ministerio de Salud (Minsa) es “Alto” pero debería de ser “Moderado”. En tanto, las regiones de Huánuco y Moquegua indicaron que el nivel de riesgo sanitario emitido por el Minsa es “Alto” pero debería de ser “Muy Alto”. Mientras que, las regiones de Apurímac, Puno, Áncash, Lambayeque, Piura y Tacna señalaron que el nivel de riesgo sanitario emitido por el Minsa debe ser diferente al establecido, pero no precisaron cual debería ser el nivel adecuado. Como se observa las opiniones diferenciadas que existen actualmente deben tener un punto de encuentro en la utilización de indicadores sobre la situación sociosanitaria de cada territorio.
Nuestra institución coincide con el comunicado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, en el sentido que las decisiones del Gobierno nacional para enfrentar la pandemia por el COVID- 19, deben ser consensuadas y coordinadas con los gobiernos regionales y locales, lo cual contribuirá a garantizar su adecuada implementación y fiscalización. A la vez, exigimos a las autoridades regionales y locales mostrar liderazgo y buena gestión ante la segunda ola de contagios, en el marco de sus competencias.
Cabe recordar que, de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización, el Gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades. En el escenario actual de la segunda ola, ello recobra mayor importancia para lograr una estrategia sólida y articulada que permita al Estado hacerle frente y proteger la vida y la salud de todos los peruanos y peruanas.

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo solicita al Poder Ejecutivo que fortalezca su mecanismo que coordinación y comunicación con las autoridades regionales y locales, que propicie el cumplimiento de las obligaciones sanitarias por todos los actores públicos y privados, y a la vez liderar una respuesta diligente para contener los impactos de la segunda ola de contagios.