Defensoría del Pueblo: acceso a la educación básica para estudiantes con discapacidad se afectó durante la pandemia

Al culminar el año escolar 2020, la Defensoría del Pueblo organizó el webinar “El Derecho a la Educación Básica Inclusiva durante la pandemia”donde advirtió las barreras que enfrentan las y los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales en el uso del servicio educativo no presencial, evidenciando limitaciones en la disponibilidad de recursos y herramientas pedagógicas que permitan garantizar el aprendizaje. 

De acuerdo a información del Ministerio de Educación un 11,63 % de personas con discapacidad en edad escolar se encuentran en el sistema educativo y el 88,37 % no accede a la educación. De la población con discapacidad matriculada en el presente año, hay 5974 en educación básica alternativa, 15 764 en educación básica especial, 61 896 en educación básica regular y 4383 en escuelas técnico profesional. 

 

Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo informó que de acuerdo a una supervisión realizada a la educación inclusiva no presencial en la educación básica, se identificó que no existe una oportuna atención a la diversidad, es decir no se están identificando las barreras para la reforma de la política de educación inclusiva, además, persiste la falta de coordinación entre las direcciones regionales de educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) y la atención se concentra principalmente en la educación especial. 

 

También se constató que el programa “Aprendo en Casa” presenta barreras en el acceso al contenido para estudiantes con necesidades educativas especiales, no se ha considerado el aspecto de la conectividad en las zonas rurales, los docentes no cuentan con orientaciones precisas para la atención a la diversidad, muchas instituciones educativas no adaptan su metodología de educación a distancia a las necesidades educativas especiales.

 

Para los estudiantes sordos la experiencia en la modalidad educativa virtual ha presentado falta de intérpretes calificados en lengua de señas, falta información y recursos accesibles en la plataforma “Aprendo en casa”, inexperiencia de docentes de interactuar con estudiantes sordos y con intérpretes, docentes que siguen enseñando lo mismo año tras año.

 

Cabe indicar que, en el marco de la supervisión, se entrevistaron a 50 familias de estudiantes con discapacidad de instituciones educativas públicas y privadas, quienes señalaron que los principales problemas que enfrentan sus hijas e hijos son la falta de docentes especialistas en educación inclusiva, falta de adaptación de materiales educativos, así como de la plataforma de aprendizaje de educación a distancia, tampoco hay acompañamiento por parte de docentes de la institución educativa, falta de voluntad de los directivos del colegio, falta de capacitación al personal para atención a la diversidad de estudiantes y falta de conectividad.

 

Frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros generar espacios de deliberación sobre el derecho a la educación inclusiva como un asunto de interés público e incorporar en la agenda pública la formación de intérpretes de Lengua de Señas Peruana (LSP). 

 

Asimismo, al Ministerio de Educación se ha solicitado reformular la estrategia de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, a fin de que las acciones que realicen las DRE, UGEL y las instituciones educativas se orienten tanto a estudiantes con discapacidad, como a estudiantes con otras necesidades no asociadas a discapacidad. También, se ha pedido la actualización de los instrumentos de gestión, a fin de incorporar el enfoque de discapacidad, así como identificar las barreras que limitan o impiden a las personas sordas ejercer su derecho a la educación en igualdad de oportunidades.

 

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se le ha pedido Incorporar en la agenda pública la formación de intérpretes LSP, así como la enseñanza y difusión de la LSP y otros sistemas de comunicación alternativos.

 

De igual forma se ha recomendado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual que incorpore el enfoque de inclusión y de discapacidad durante la supervisión de la idoneidad del servicio educativo de las II.EE. de gestión privada en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

 

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a las necesidades de este grupo vulnerable y pone a disposición para cualquier consulta la línea gratuita 0800-15170.