Defensoría del Pueblo: urge intervención eficiente frente a tala ilegal y amenazas que afectan derechos de comunidades indígenas

Nota de Prensa N° 1458/OCII/DP/2020

La Defensoría del Pueblo advirtió que urgen acciones efectivas del Estado ante las denuncias por tala ilegal que vienen afectando los derechos de las comunidades indígenas ubicadas en Amazonas y Loreto, tras sostener una reunión con representantes de la organización indígena “Gobierno Territorial Autónomo de la nación Wampis (GTANW), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En la cita, que fue convocada por la institución, con la finalidad de articular esfuerzos ante las demandas de comunidades indígenas wampis ubicadas en la cuenca del Río Santiago, en los distritos de Río Santiago en Amazonas y Morona en Loreto, la organización indígena expresó su profunda preocupación frente a la extracción ilegal de madera “topa o palo balsa”, entre otras especies, por parte de terceros ajenos a sus comunidades y la falta de respuesta a sus denuncias, así como frente a las amenazas a la vida e integridad que viene recibiendo uno de sus líderes y su familia por parte de actores presuntamente vinculados a estos ilícitos.

Asimismo, informaron que, debido a la falta de respuesta del Estado, se organizaron para adoptar medidas de protección frente a estos hechos de grave amenaza para sus miembros y el entorno donde viven. En ese marco, a partir del 23 de noviembre, tomaron el control del tránsito fluvial del Rio Santiago y han retenido algunos botes que no contarían con autorización respectiva, hasta que se cuente con la presencia de las autoridades competentes. Este hecho, ha ocasionado tensión con otras comunidades awajún vecinas, por lo que se temía un enfrentamiento con estas.

En ese sentido, durante la reunión, la Defensoría del Pueblo instó a la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM a que canalice las demandas de las comunidades wampis ante la problemática expuesta con las instituciones competentes a fin de que, se desplieguen las acciones pertinentes con relación a las denuncias y evitar un posible escalamiento de la tensión social en la zona, así como posibles situaciones de enfrentamiento entre las comunidades indígenas.

De otro lado, para la Defensoría del Pueblo resulta de suma urgencia que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio Público y las autoridades regionales y locales, adopten acciones efectivas en el marco de sus competencias para combatir la tala ilegal en la cuenca del Río Santiago, donde además de los territorios indígenas se encuentran el Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera de Cóndor, de la Zona Reservada Santiago Comaina, y de la Reserva Comunal Tuntanaín.

Con relación a las amenazas y situación del riesgo a la integridad del líder wampis, solicitamos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, de acuerdo con el Protocolo para garantizar la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, se instauren acciones céleres y efectivas para la protección de la vida e integridad del citado líder y su familia. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público, con la finalidad de que, en el marco de las competencias las instancias fiscales de las jurisdicciones respectivas desarrollen acciones urgentes de investigación de los hechos denunciados.

Es importante mencionar que, en el transcurso de este año, se han reportado varios atentados contra la vida e integridad de las personas que han denunciado sistemáticamente actividades ilegales de depredación al ambiente. Asimismo, no debe olvidarse que, en el año 2014, se produjo la lamentable muerte de Edwin Chota y otros miembros de la comunidad nativa de Alto Tamaya Saweto quienes venían demandando la adopción de correctivos frente a actividades de tala ilegal en el ámbito de sus comunidades amazónicas. La falta de control efectivo de estas actividades son una grave amenaza para el entorno en el que desarrollan los pueblos indígenas, por ello es ineludible desplegar el mayor esfuerzo estatal para evitar que estos terribles sucesos se repitan.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando el seguimiento al cumplimiento de los deberes de las instituciones competentes en el presente caso, con la finalidad de combatir estas actividades ilegales que afectan gravemente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y proteger la vida de los defensores ambientales y las de sus familias.