Defensoría del Pueblo: urge ejecutar presupuesto para enfrentar el COVID-19 en Moquegua

Nota de Prensa
· Gobierno Regional solo ejecutó el 53 % del presupuesto asignado.

Fotos: Defensoría del Pueblo

6 de octubre de 2020 - 1:13 p. m.

Nota de Prensa N° 1059/OCII/DP/2020

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua demandó al Gobierno Regional (GORE) que informe las razones por las cuales no se viene ejecutando un mayor gasto del presupuesto asignado para la lucha contra el COVID-19. Asimismo, indique las acciones las acciones y/o estrategias realizadas en la región ante el elevado número de contagios y fallecidos a causa del virus.

Tras una supervisión, la oficina defensorial advirtió que el GORE ha ejecutado solo el 53.3 % del presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19, información publicada y actualizada al 4 de octubre en la página de “Consulta Amigable del MEF”.

“Este bajo porcentaje de gasto para enfrentar el coronavirus nos ubica entre las últimas regiones del Perú, pese a que el número de contagiados (28 501 casos) es elevado aún, según reporte de la Gerencia Regional de Salud al 4 de este mes. Esta situación expone a nuestra población y estaría vulnerando su derecho a acceder a una óptima atención en salud; en tiempos de crisis como los que atravesamos, los recursos económicos deben ejecutarse oportunamente”, manifestó Manuel Amat, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua.

Cabe indicar que, en marzo del 2020, el MEF estableció una categoría presupuestal destinada a los tópicos claves para combatir la pandemia en el territorio nacional, como el diagnóstico y tratamiento de coronavirus, que debieron ser usados de manera estratégica para afrontar esta pandemia.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua realizará el seguimiento a este caso para que la información de ejecución de presupuesto y acciones para enfrentar el COVID-19 sea entregada por el Gobierno Regional, a fin de que no se vulnere el derecho a la información de la ciudadanía.