Defensoría del Pueblo: se debe considerar enfoques de género, de derechos humanos y niñez para investigar y resolver casos de trata de personas

Nota de Prensa
Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas.

Fotos: Defensoría del Pueblo

30 de julio de 2020 - 7:00 a. m.

Como Defensoría del Pueblo, a partir del mandato constitucional de protección de los derechos humanos de las personas y la comunidad, tiene como función supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal según los enfoques y estándares establecidos a nivel nacional e internacional. Especialmente en aquellos escenarios donde está en juego la tutela de los derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad debido a factores como la edad, el género, la raza, condición socioeconómica, entre otros. En ese sentido, las principales medidas dirigidas a combatir la trata de personas deben incorporar necesariamente los enfoques de género, de derechos humanos y especialmente el de niñez, por ser las niñas y adolescentes las principales víctimas.

Es así que en el marco del «Día Mundial contra la Trata de Personas», desde nuestra institución venimos realizando diferentes acciones destinadas a evidenciar y analizar la situación actual del trata de personas en sus distintas modalidades en nuestro país.

Es por ello que la institución considera que los casos de trata en los que las víctimas son personas menores de edad deben ser abordados con enfoque de niñez, es decir, con un enfoque distinto al que se utiliza cuando las víctimas son personas mayores de edad.

En el mes de junio, en colaboración con la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS), se realizó la presentación del Informe de Adjuntía Nº 01, el cual reveló la falta de aplicación de los enfoques de género y de derechos humanos en gran parte de las resoluciones y sentencias sobre el delito de trata de personas emitidas en diversas instancias del sistema de justicia entre los años 2005 y 2017. Por otro lado, como cada año, la Defensoría del Pueblo viene colaborando con la misma organización para la presentación del VII informe Alternativo, instrumento que da cuenta de un balance sobre las actuaciones estatales durante los años 2018-2019, en relación a la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.

Asimismo, la entidad está trabajando de manera activa con el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), en un trabajo de investigación en la Región de Piura. Este proyecto busca generar un instrumento de monitoreo para recabar información acerca de la incidencia en la problemática de trata de personas en dicha región, teniendo en consideración, la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas. Además, se buscará realizar una evaluación de la calidad de los servicios en relación a la prevención, atención y persecución de este delito, con la finalidad de formular recomendaciones a las diversas entidades del Estado.

Como se aprecia, desde la Defensoría del Pueblo se continúa trabajando arduamente para disminuir el impacto de este delito, velando por el respeto irrestricto de los derechos humanos, y se considera que en este escenario de pandemia, se ha incrementado la vulnerabilidad en grupos de especial situación de riesgo y esto puede conducir a un incremento en otros delitos conexos, tales como el Tráfico ilícito de Personas y en muchos caso devenir en delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación laboral y sexual; asimismo, la carencia de ayuda por parte del Estado a grupos de migrantes, y las dificultades del impacto de la pandemia en la vida de estos, ha ocasionado el retorno a sus lugares de origen en condiciones de riesgo y en muchos casos los ha colocado en condición de víctimas con mayor propensión de caer en este delito.

En esa orden de ideas, en el marco de este día, la Defensoría del Pueblo recuerda las obligaciones que como Estado y sociedad civil se tiene en la prevención, defensa y protección a las personas afectadas por las consecuencias de la trata de personas. Asimismo, recuerda que, a la fecha, se cuenta con canales de atención y denuncia contra este delito como lo son la Línea 1818, opción 1 del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y las líneas de atención de la Defensoría del Pueblo.